El caso Koldo en torno a la compra de mascarillas contra la Covid por parte del Ministerio de Transportes en tiempos de José Luis Ábalos, no solo ha puesto al descubierto un presunto caso de corrupción dentro del Gobierno vinculado a los contratos de emergencia durante la pandemia, sino que también ha sacado a la luz a una figura tan clave como discreta, la del subsecretario, el funcionario de mayor rango en todo ministerio, mano derecha y sabio jurídico para ministros y ministras, y sobre la que, en el caso de Transportes, se ha desatado toda una tormenta que se ha saldado con una destitución y nombramiento de una persona de plena confianza de Óscar Puente para suplir a quien también fuera subsecretario de Ábalos, como consecuencia de la auditoría realizada por su Ministerio, que será también uno de los elementos que tendrá en cuenta la Fiscalía Anticorrupción en una inminente decisión de si finalmente imputa al exministro y que este acaba de intentar impugnar ante la Audiencia Nacional por "instrumental" y buscar "exclusivamente" su inculpación.
El eventual paso de Ábalos a la condición de investigado por el caso Koldo está pendiente de un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que a finales de la semana pasada acudió al Ministerio de Transportes para solicitar una copia de la auditoría que en los últimos meses ha realizado la Inspección General de Servicios del departamento que dirige Puente. En un ambiente de normalidad e incluso con un café por medio, la directora del gabinete de Puente, Encarnación Sandonis, entregó a los dos dos agentes de la UCO el informe y un USB con documentación adicional que, casi contra todo pronóstico, se ha convertido en la pieza que puede terminar de vincular a Ábalos con la trama y llevar a su imputación. También es el documento que quebró definitivamente la confianza de Puente en un alto cargo que había heredado de Ábalos para en su lugar llamar a Valladolid a una persona de su entera confianza.
Compra doble en 38 minutos
Si cuando anunció esta investigación interna, en febrero, Puente admitía que no iba a ser "fácil" que arrojara luz sobre el cobro de comisiones y mordidas en la venta de mascarillas que ya investigaba la Audiencia Nacional, los funcionarios de Transportes han sabido dónde mirar para dar con un movimiento tan significativo como que en el "escaso lapso de tiempo" de 38 minutos, una orden del 20 de marzo de 2020 para comprar cuatro millones de mascarillas pasó a ser una adquisición por el doble, ocho millones, que coincide con la oferta de la empresa epicentro de la presunta trama corrupta, Soluciones de Gestión, sin que los funcionarios hallaran una explicación. "No parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas (...), en solo 38 minutos se duplique tal estimación", dice la auditoría. "Pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia, duplicada en tan solo 38 minutos, estaría más relacionada con la oferta que con las necesidades detectadas".
Puente expuso estas conclusiones en una comparecencia en el Senado en agosto, en la que también anunció la destitución de más alto nivel de las tres que ha habido en Transportes por presuntos lazos con el caso Koldo. Apenas seis meses después de dejar caer en el Congreso que había rechazado la renuncia que le planteó "un alto cargo" para evitar el "calvario público" que le suponía verse señalado, Puente destituía a Jesús Manuel Gómez y hacía efectivo el relevo de quien había sido subsecretario de Transportes -primero Fomento en la primera época de Ábalos-. Según Puente, la decisión se debió por "pérdida de confianza" en alguien que, según constató la auditoría que en breve podría ser un elemento clave para la imputación también de Ábalos. Antes de esta eventual decisión, el exministro solicitó el viernes pasado a la Audiencia Nacional personarse como perjudicado en el caso Koldo, tanto por la auditoría y su difusión como por otras informaciones que estos días aparecen en los medios de comunicación.
"Les comunico que he trasladado al subsecretario del ministerio la decisión de que no continúe en su puesto", explicó Puente en el Senado, donde también informó del cese del director general de gestión de personas Adif. A este último dijo no conocerlo, pero tuvo buenas palabras para Gómez. "Le tengo afecto", dijo sobre el ya exsubsecretario al que "no conocía cuando llegué al ministerio". "Sigo teniendo una muy buena opinión como profesional", dijo Puente de su ya exalto cargo.
"Les comunico que he trasladado al subsecretario del ministerio la decisión de que no continúe en su puesto", explicó Puente en el Senado, donde también informó del cese del director general de gestión de personas Adif. A este último dijo no conocerlo, pero tuvo buenas palabras para Gómez. "Le tengo afecto", dijo sobre el ya exsubsecretario al que "no conocía cuando llegué al ministerio". "Sigo teniendo una muy buena opinión como profesional", dijo Puente de su ya exalto cargo.
Según la auditoría, Gómez firmó la orden ministerial que hasta un mes después de la sospechosa compra del doble de mascarillas que eran necesarias a la empresa de la trama no concretó el destino de cinco millones de tapabocas, que a ojos de los investigadores debería haberse justificado en el momento de la adquisición.
Tras estallar el caso que lleva el nombre del asesor de Ábalos, el instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, llamó a declarar a Gómez como testigo por sus encuentros con Koldo García y con Ábalos en la ya famosa marisquería La Chalana. En mayo pasó a tener condición de imputado y tendrá que afrontar su defensa con sus propios medios, después de que esta semana el instructor apartó a la Abogacía del Estado tras escuchar la petición de la Fiscalía y las acusaciones populares, Liberum, PP, Iustitia Europa y Vox y constatar que faltaba la autorización que es imprescindible y que debería haber otorgado la Dirección General de lo Contencioso del Ministerio de Justicia.
Total confianza desde Valladolid
También con agostidad, la destitución de Gómez se hizo oficial tres días antes de que terminar el mes pasado, cuando el BOE publicó el cese de Gómez y el nombramiento en su lugar de Rafael Guerra, nuevo subsecretario de Transportes, llegado directamente de la administración de Castilla y León y, más concretamente del Ayuntamiento de Valladolid, donde trabajó codo con codo desde que Puente fue elegido alcalde, en 2015. Miembro por oposición del Cuerpo de Letrados de Castilla y León, antes de eso Guerra fue letrado jefe de varias consejerías de la Junta, gobernada desde hace décadas por el PP.
El nuevo 'número 3' de Transportes ya ha tenido ocasión de asistir junto al secretario de Estado a la reunión clave del Gobierno que se celebra todas las semanas, normalmente los jueves, para 'negociar' y ordenar los asuntos que después debe aprobar el Consejo de Ministros. Con este movimiento, Puente se ha llevado consigo a una persona a la que conoce y en quien confía plenamente en un momento en el que la auditoría plantea ciertas dudas de lo era posible saber o averiguar acerca de la sospechosa compra de mascarillas.
