El PP redobla su ofensiva contra la okupación ilegal. A la batería de medidas diseñadas para acabar con esta "realidad que perjudica a las familias" —en palabras de la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín— ahora propone crear en colaboración con la Europol un registro de mafias para controlar las okupaciones.
El área responsable del plan integral de vivienda de Alberto Núñez Feijóo aboga por crear un registro europeo de okupas, que incluya una base de datos y un análisis sector por sector de la ocupación ilegal y la ocupación en Europa. Tal y como explican desde Génova, esta base de datos también debería reflejar los posibles vínculos entre la okupación y otros delitos organizados, como la trata de seres humanos o el tráfico de inmigrantes, para contribuir a la Evaluación de la Amenaza de Delincuencia Grave y Organizada (SOCTA) de Europol.
El planteamiento de los populares es que el Gobierno de España solicite a la Europol si cuenta con dicho registro y, si no existe, que sea el Gobierno el encargado de crearlo para, posteriormente, compartirlo con todos los países. Para ello, el PP también propone movilizar "a los grupos parlamentarios europeos en Bruselas o donde corresponda", tal y como indican desde la vicesecretaría.
"No cabe que se haya normalizado en España que haya empresas que incluso promueven la okupación y publican manuales de cómo entrar en esas viviendas. Sabemos que hay movimientos que se dedican a hacer ese tipo de acciones. Y nosotros lo que proponemos es poner coto no solo a los okupas, sino también a las mafias o a quienes incitan a la okupación. Eso lo hemos incluido también en nuestra ley contra la okupación", valora Paloma Martín, para quien la fórmula contra este problema pasa por "incrementar las penas, no solo para aquellos que okupan una casa, sino también para quienes promueven la okupación".
Y es que para la oposición, este problema es uno de los principales motivos por los que hay escasez de vivienda en España. No tanto por los pisos okupados sino por la inseguridad jurídica que generan al propietario. "La vivienda está peor que nunca porque tenemos una legislación que tolera la okupación, que establece zonas de mercado tensionado e índice de precios cuando todos los analistas económicos y los estudios coinciden en señalar que cuando se interviene el mercado del alquiler se destruye la oferta. Es decir, cada vez hay menos casas para alquilar y por lo tanto se disparan los precios", analizó Martín en una reciente entrevista en 20minutos.
En esta también avanzó nuevas medidas para acabar con el problema, como es la prohibición de que los okupas puedan empadronarse y, en el caso de que consigan hacerlo, el empadronamiento tenga carácter nulo. El PP también plantea dar a las comunidades de propietarios herramientas para luchar contra la okupación para que puedan, por ejemplo, tapar ventanas si ven que hay algún riesgo. Y si se llega a producir, acudir a las autoridades correspondientes a denunciarlo sin necesidad de convocar a la junta de propietarios.
Estas vías se suman a las medidas ya incluidas en la ley antiokupación que el PP aprobó en el Senado hace un año con su mayoría absoluta y que, como denuncian, sigue "bloqueada" en el Congreso. "Si esta ley no está aprobada es porque Armengol la bloquea, usando y abusando de sus prerrogativas", apuntaba el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, hace unos días. La proposición de ley antiokupación del PP obliga al desalojo de la vivienda en 24 horas, primero, de forma voluntaria desde que es requerido por la autoridad. Y, en caso contrario, y transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa.
La normativa también impediría que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por okupación. Del mismo modo, contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.
