El Gobierno no tiene intención de escuchar la petición que le formuló el Congreso la semana pasada para extender la vida útil de las centrales nucleares. Así lo ha indicado este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ha asegurado que el Ejecutivo "no puede" cumplir este mandato y le ha despojado de cualquier responsabilidad sobre el parque nuclear, poniendo la pelota en el tejado de las empresas propietarias de las centrales, con las que la empresa pública Enresa —dependiente de su ministerio— firmó en 2019 el calendario de cierre progresivo contra el que ahora se manifiesta el sector nuclear.
"Con todo el respeto y la atención que merece su iniciativa parlamentaria, le puedo decir que lo que están pidiendo no se puede cumplir porque el sector energético está liberalizado, son las empresas las que solicitan o no el cierre", ha contestado Aagesen durante la sesión de control al Gobierno al diputado del PP Guillermo Mariscal, que la semana pasada defendió la proposición no de ley (PNL) que, tras obtener mayoría en el Congreso, insta al Gobierno a extender la vida útil de las centrales nucleares y, por tanto, mantenerlas abiertas más allá de los 40 años estipulados.
"Insisto, las empresas han decidido el calendario de cierre", ha reiterado Aagesen, que desde hace unas semanas pone toda la carga de la decisión del cierre nuclear en el acuerdo que alcanzaron sus propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— en 2019 con la empresa nacional de residuos radioactivos (Enresa) que ella misma presidía como secretaria de Estado de Energía y después de años en que el Gobierno, su antecesora en el cargo, Teresa Ribera, y ella misma como su número dos de Energía han insistido en que la estrategia era una transición ecológica con una apuesta clara por energía verde a través de las renovables y no a través de las energías limpias, que también incluyen la nuclear porque no emite gases de efecto invernadero, como hace Francia, por ejemplo.
A medida que se acerca el cierre de la primera central previsto por el calendario, la de Almaraz, en noviembre de 2027, y arrecian las muestras de preocupación y la oposición a la clausura por parte de la población aledaña y de grupos políticos como el PP, el mensaje del Gobierno, este miércoles en palabras de Aagesen, es que la decisión de cerrar es de las propietarias, destacando que ninguna de ellas ha pedido una licencia para operar durante más años ni han solicitado al Ministerio hacer un cambio de planes.
Según ha indicado Aagesen en el Congreso, el Gobierno solo se hace responsable de la estrategia energética, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé que en 2030 la generación nuclear se mantenga en los 3 GW actuales y contempla el cierre escalonado, y del Plan General de Residuos Radiactivos cuya séptima edición se aprobó el año pasado y que prevé el cierre escalonado de las centrales entre 2027 y 2035. También ha atribuido a su Ministerio la transición justa en los territorios en los que están las centrales, no como ha acusado al PP de no hacer en Garoña, pero ha insistido en echar balones fuera sobre su potestad para modificar el calendario de cierre como le pide el Congreso y en señalar a las empresas, en un giro que desde el sector energético empieza a verse como una estrategia por parte de la vicepresidenta para dejar en evidencia la reclamación económica que hacen al Gobierno para continuar con la actividad nuclear.
Suicidio energético para el PP
Por el contrario, el PP ha continuado este miércoles su estrategia de mantener la presión sobre el Gobierno en contra del cierre nuclear, un "suicidio energético" que hará aumentar el consumo de gas para generar electricidad y, con ello, las emisiones de gases de efecto invernadero, pondrá "en riesgo empelo cualifica", "agrava el invierno demográfico" y "daña la competitividad de la industria y las empresas" porque, asegura el PP, supondrá una subida del precio de la electricidad.
"Las empres no diseñan la política energética, es su responsabilidad exclusiva e indelegable, señora vicepresidenta", ha advertido Mariscal a Aagesen. "¿Sabe que somos el único país del mundo con centrales operativas que ha decidido cerrarlas?", le ha reprochado.
20.000 millones y "asfixia" fiscal
Entre proceder al cierre nuclear tal y como se estableció en 2019 y mantenerlas abiertas, sin embargo, media otro elemento, la denuncia por parte de las propietarias de las centrales de la "asfixia fiscal" a la que las ha sometido el Gobierno por medio de impuestos -estatales, autonómicos y municipales- y sobre todo de la llamada 'tasa Enresa', por el desmantelamiento y gestión de los residuos radioactivos, que subió hace dos años y que les obligará a pagar hasta 20.000 millones.
En un discurso que se ve con incredulidad en el sector eléctrico, Aagesen insiste en que la 'tasa Enresa' no es un impuesto y que, por tanto, el Gobierno no se lo ha subido a las centrales, y este miércoles ha insistido al PP que aclare si su intención es trasladar este pago a los ciudadanos, por medio de impuestos, algo a lo que el Gobierno se niega. "Sobre fiscalidad y la 'tasa Enresa', ¿están proponiendo que los 20.000 millones de gestión de residuos y desmantelamiento lo paguen los españoles?", ha preguntado.
