El Partido Popular y sus gobiernos autonómicos prevén presentar sus respectivos recursos contra la ley de amnistía en el tramo final del plazo establecido para hacerlo, que concluye el próximo 11 de septiembre.
El día elegido podría ser la víspera, el 10 de septiembre, como aventuró este jueves el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago. Desde Génova aseguran que aún no hay una fecha decidida, pero la decisión de agotar los tiempos se tomó ya en junio. "¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo?", explicitó entonces el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien añadió que lo "razonable" es "agotar los plazos y estudiar muy bien esta ley".
En privado, cargos del PP han repetido durante los últimos seis meses que no tienen "confianza extrema" en el criterio del TC porque está "trufado" políticamente con Cándido Conde-Pumpido a su cabeza. De hecho, el partido ya ha anunciado que pedirá la recusación del presidente del tribunal de garantías, así como de los dos magistrados que proceden del Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.
Al rechazar la posibilidad de recurrir la amnistía durante las semanas posteriores a su publicación en el BOE, el PP buscaba que los jueces del Tribunal Supremo pudieran pronunciarse sin ningún varapalo del Constitucional. Misma estrategia que con el conflicto de atribuciones que el Senado planteó al Congreso.
La Cámara Alta solicitó así a la Baja que suspendiera la tramitación de la amnistía por entender que no era constitucional. La Mesa del Congreso rechazó el requerimiento y el Senado descartó elevar el caso al TC, aunque justificó la decisión en que la respuesta no había sido "adecuada", ya que opinaba que era el Pleno el que debía pronunciarse. Al no llevar el conflicto de atribuciones al Constitucional, el PP se ahorró el posible varapalo que temían dentro de la formación y la amnistía siguió inédita en los tribunales.
Finalmente, el Supremo acordó el pasado 1 de julio no aplicar la ley de amnistía a los investigados por delito de malversación en la causa del procès y mantuvo la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig. Todo ello, sin necesidad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.
Los recursos del PP y las comunidades autónomas ya están prácticamente culminados. Pese al poco optimismo que existe con el tribunal de garantías, desde el partido de la oposición aseguran que no se han planteado en ningún momento renunciar a esta vía. "Es un deber jurídico y moral", aseguran.
