El Gobierno vuelve a la casilla de salida del largo y tortuoso camino que tiene por delante para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará la senda de déficit y el techo de gasto para esas cuentas, el paso previo para poder, posteriormente, llevar su proyecto de Presupuestos a las Cortes. Y lo hará por segunda vez, ya que a finales de julio su primer intento de cumplir con este trámite fue bloqueado por Junts, que sumó sus votos a PP y Vox para derribar los objetivos de estabilidad del Ejecutivo.
Fuentes del Gobierno avanzaban el viernes que no habrá cambios en esa senda de estabilidad, que una vez aprobada tendrá que someterse a la confianza del Congreso. No obstante, la situación política no es la misma que el 23 de julio, cuando Junts rompió la mayoría parlamentaria del Ejecutivo. Entonces, el movimiento del partido de Carles Puigdemont se produjo en mitad de una semana de acercamientos entre el PSOE y ERC para convertir a Salvador Illa en president de la Generalitat de Cataluña, algo que terminó ocurriendo el pasado 8 de agosto. Ahora, por el contrario, Junts no tiene ningún incentivo en particular en evitar que los Presupuestos empiecen, al menos, a tramitarse.
Pese a todo, el voto favorable de los nacionalistas catalanes a la senda de estabilidad no está atado, ni mucho menos. Y el Gobierno, sabedor de lo frágil de la mayoría que lo sustenta, asegura estar preparado para un nuevo rechazo de Junts. Más allá de que un nuevo voto en contra de los de Puigdemont evidenciaría lo endeble de la posición de su posición, fuentes del Ejecutivo aseguran que, si Junts vuelve a tumbar la senda de estabilidad, seguirán adelante con la tramitación de los Presupuestos ajustándolos al último techo de gasto que recibió luz verde de las Cortes: el de 2023.
De este modo, el Consejo de Ministros volverá a aprobar un aumento del techo de gasto hasta un máximo histórico de 199.171 millones de euros el próximo año, incluyendo los fondos procedentes de la UE, y propondrá una senda de déficit que siga reduciéndose hasta el 3% del PIB a cierre de 2024 y el 2,5% en 2025. De no recibir esas cifras los suficientes apoyos en el Congreso como para servir de referencia a los Presupuestos, las cuentas se basarían en los objetivos de estabilidad actualmente vigentes, que dan mayor capacidad de gasto al Estado pero son más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos.
La verdadera batalla, por tanto, no estará tanto en si la senda de estabilidad es una u otra, puesto que en cualquier caso el Gobierno tiene decidido presentar un proyecto de Presupuestos, sino en recabar los apoyos para sacar adelante estas cuentas. De no lograrlo, el Ejecutivo tendría que prorrogar por segunda vez los Presupuestos de 2023, ya que el año pasado renunció a intentar aprobar unas cuentas para 2024 con el fin de evitar que siguiera desgastándose la relación con ERC y Junts, muy tocada después de que Catalunya en Comú —la marca catalana de Sumar— derribara las cuentas de la Generalitat, lo que en última instancia llevó al adelanto electoral en Cataluña de hace unos meses.
No obstante, incluso en ese caso el Gobierno está empeñado en agotar la legislatura, y fuentes del Ejecutivo aseguran que, al menos por el momento, no hay ningún otro escenario sobre la mesa. Eso implica que, incluso si no pudiera aprobar unos Presupuestos por segundo año consecutivo, el presidente Pedro Sánchez no se plantea adelantar las elecciones, a pesar de que un nuevo descalabro presupuestario sería un severo varapalo para un Gobierno al que el Congreso no ha dado demasiadas alegrías desde el inicio de esta legislatura.
El cupo catalán, clave
Buena parte del éxito o el fracaso de esas negociaciones para sacar adelante las cuentas tendrá que ver con cómo se materializa el acuerdo de financiación singular para Cataluña acordado entre PSOE y ERC para la investidura de Illa como president. Ese concierto, según lo poco que se conoce permitiría a la Generalitat recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos que se pagan en su territorio, abonando después una compensación al Estado por los servicios que presta este en la comunidad.
En este sentido, desde el Ejecutivo trasladan que ya se están desarrollando los trabajos técnicos para desarrollar el acuerdo, que es poco concreto en muchos puntos. Se trata de proceso que puede dilatarse durante años, pero Junts y ERC, sumidos en su particular lucha en el espacio independentista, pugnarán por que los primeros pasos del acuerdo sean lo más afínes posible a sus intereses. Los de Puigdemont ya han amenazado al Gobierno con el "game over" si en lugar de un concierto similar al que tienen el País Vasco y Navarra ofrece a Cataluña una suerte de "kalimotxo fiscal". Y ERC, por su parte, también ha advertido de que, "si el Estado español no cumple, la respuesta de Cataluña será firme y decidida".
Antes de empezar a negociar con sus socios, no obstante, el Gobierno tendrá que cerrar un acuerdo interno entre PSOE y Sumar para presentar un borrador de Presupuestos apoyado por ambas patas del Ejecutivo. Para los de Yolanda Díaz, las cuentas son la ocasión perfecta para intentar recobrar al menos una parte de la influencia política perdida en el último año, y son tres sus reivindicaciones principales: la extensión de los permisos laborales para dedicar tiempo a la crianza, la intervención en el problema de acceso a la vivienda y la reducción de la jornada laboral. En relación a este último asunto, este lunes el Ministerio de Trabajo se reunirá con patronal y sindicatos para intentar desbloquear el acuerdo.
