Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha reconocido este miércoles que él filtró parte de la conversación que mantuvieron el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal Julián Salto. Él difundió solo una parte, un correo electrónico del fiscal, porque "desconocía el resto", tal y como ha afirmado tras declarar ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado como presunto autor de la filtración del total de los mails que se intercambiaron.
En declaraciones a los medios, Rodríguez ha cargado con el fiscal general Álvaro García Ortiz: "Creo que tiene que ser juzgado, que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que a nadie nunca más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español". Más aún, ha ascendido el tiro hasta apuntar al presidente del Gobierno, al que ha descrito como "creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno". "Tiene que ser juzgado", ha sentenciado también en alusión a Pedro Sánchez.
El jefe de gabinete de Ayuso ha pedido en reiteradas ocasiones una condena "ejemplar" para García Ortiz, porque "no se pueden dar a conocer los expedientes de un español". "Sólo con una sentencia ejemplar todo el mundo tomará nota de que los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie, y mucho menos utilizándolos como un ataque político". A juicio de Rodríguez, todo lo que está ocurriendo surge de "un ataque político" del presidente del Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso. "Eso le llevará también a él al juzgado", ha augurado el jefe de gabinete desde la calle Marqués de la Ensenada.
La filtración de los correos
El magistrado a cargo de la causa, Ángel Hurtado, ha acotado la investigación a un periodo concreto de tiempo: entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado. No obstante, los hechos clave se produjeron el día 13. Según ha admitido Miguel Ángel Rodríguez, él mismo envió a varios medios parte de la conversación que mantuvieron por correo electrónico el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto, que investigaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un presunto fraude de más de 350.000 euros.
En aquella conversación, el fiscal y el abogado negociaban un acuerdo de conformidad que eximiría a González Amador de una eventual responsabilidad penal si reconocía dos delitos de fraude y pagaba una multa.
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