Los letrados del Congreso ven argumentos suficientes como para permitir tramitar la proposición no de ley de Junts que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que someta su continuidad a votación. El informe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, al que ha accedido 20minutos, argumenta que debe ser la Mesa, el órgano de gobierno de la institución, la que decida qué hacer, por lo que devuelve la pelota a la mayoría que suman en ese órgano PSOE y Sumar, que preguntaron a los letrados para cargarse de argumentos con los que rechazar la admisión a trámite de la iniciativa.
Desde el martes pasado, los socialistas han estado explorando vías legales para impedir que la proposición no de ley de Junts eche a andar en el Congreso, sabedores de que, aunque ese tipo de iniciativas no tienen efectos legales incluso cuando se aprueban, que el Congreso pida formalmente a Sánchez que someta su cargo a la confianza de los diputados sería un duro golpe político. No obstante, calificar una iniciativa es un paso meramente burocrático y no político, puesto que la Mesa no tiene que pronunciarse sobre el contenido de la propuesta, sino únicamente acerca de si tiene errores de forma o si es reglamentariamente correcta.
Tanto es así que lo habitual es que la inmensa mayoría de las iniciativas se admitan, y por eso era tan importante para el PSOE y Sumar que los letrados del Congreso aportaran una argumentación jurídica que respaldara la inadmisión de esta proposición no de ley de Junts. Pero los servicios jurídicos son muy claros en su informe: "No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro".
Desde la semana pasada, el PSOE ha ido difundiendo en privado el que es su principal argumento para sostener que la iniciativa no se ajusta al reglamento y, por tanto, no debe admitirse a trámite: que pretende que el Congreso inste al Gobierno a que haga algo, presentar una cuestión de confianza, que es única y exclusivamente decisión del presidente. Los socialistas se apoyan en un precedente de 2013 en el que la Mesa de la Cámara, entonces controlada por el PP, rechazó una moción del PSOE que exigía al presidente Mariano Rajoy "asumir las responsabilidades políticas" por el estallido del caso Gürtel con el argumento de que "supondría una moción de censura encubierta".
No obstante, los letrados, en su informe, recuerdan que "nos encontramos ante una proposición no de ley" y, por tanto, "el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo". Es decir: que la iniciativa no tiene la capacidad de obligar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y, por ende, no estaría llevando al Congreso a asumir competencias que no le son propias.
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