El juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo puente, atendiendo a una reclamación de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado este jueves retirar el pasaporte al exministro José Luis Ábalos y obligarlo a comparecer cada 15 días en el juzgado por su presunta implicación en el caso Koldo, según han informado fuentes jurídicas. Tras la declaración como imputado del exministro de Transportes, la Fiscalía Anticorrupción ha interesado esta medida y a la solicitud se han adherido también las acusaciones populares.
En el auto dictado este jueves al mediodía, el juez Puente subraya que "ninguna de las partes acusadoras ha solicitado la más grave de las medidas cautelares", la prisión provisional. Una decisión "razonable, tomando en cuenta que, efectivamente, Ábalos compareció voluntariamente" el pasado 12 de diciembre.
Por otro lado, el instructor no aprecia que estén suficientemente claros "ninguno de los elementos que podrían determinar" el ingreso en prisión provisional: "riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva". Al contrario, sostiene que las medidas cautelares acordadas son "necesarias" y "proporcionales".
Leopoldo Puente considera que está "indiciariamente justificado que José Luis Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente" de su papel en la trama de corrupción en la compraventa de mascarillas. Concretamente, el juez alude a tres beneficios inmobiliarios: el pago del alquiler de vivienda de la exnovia de Ábalos, Jessica Rodríguez, por parte del comisionista Víctor de Aldama o de "personas terceras por él interpuestas"; el chalet de Cádiz en el que Ábalos se alojó, comprada por una empresa a indicación de Aldama; y otro contrato de alquiler de un piso de alquiler con opción a compra que también era propiedad de Aldama.
"Merece ser destacado que nada menos que tres inmuebles, vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia de Aldama". Así lo señala el magistrado del Supremo, que atribuye indiciariamente al exministro delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El pasado 4 de febrero, el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dictó un auto en el que acordó la citación de Ábalos como investigado, además de solicitar a la UCO un informe sobre la "situación económico patrimonial" del exministro de Transportes y de su hijo, Víctor Ábalos. En ese mismo auto, Puente advirtió de que citaba a Ábalos "al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él".
El exministro ha llegado en un taxi media hora antes de declarar, y se ha sometido a un interrogatorio de algo más de media hora. A pasadas las 11.40 horas ha salido del Tribunal Supremo y ha rechazado hacer declaraciones a los medios. Según fuentes jurídicas, la defensa del exministro se ha posicionado en contra de la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado.
Pese a que Ábalos ya declaró en el Tribunal Supremo el pasado 12 de diciembre, esta es la primera ocasión en la que comparece ante el juez en calidad de investigado.
El 12 de diciembre, de hecho, el exministro declaró de forma voluntaria, pero el Congreso de los Diputados aún no había cursado el suplicatorio que permite al Supremo dirigir la investigación contra él, que forma parte del Grupo Mixto. Pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al diputado un "papel principal" en la corruptela, el exministro ha defendido siempre que no ha recibido ninguna comisión de la trama, ni dinero ni pagos en especie.
Su versión de los acontecimientos choca frontalmente con la del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que afirmó haber entregado 400.000 euros en metálico a Ábalos y otros 200.000 a su asesor, Koldo García, en concepto de comisiones. El exministro ha negado este jueves haber recibido comisiones y también ha negado otra de las acusaciones que vertió sobre él el comisionista.
Aldama asegura que él mismo pagó de su bolsillo los alquileres de varios pisos de Airbnb a los que acudieron acompañados de "señoritas" tanto Ábalos y Koldo García como el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El juez Leopoldo Puente solicitó a Aldama pruebas de estos encuentros y él aportó, esta misma semana, varios correos electrónicos de confirmación de alquiler de distintos apartamentos.
No obstante, Ángel Víctor Torres ha mostrado certificados de aerolíneas que demuestran que él estaba en Canarias la noche en la que, según las acusaciones de Aldama, acudió a un piso en Atocha junto a Ábalos, García y las "señoritas".
Confirma que investigará el patrimonio de Ábalos
Este mismo jueves, el instructor ha rechazado un recurso presentado por Ábalos contra la investigación de su patrimonio y el de su hijo, así como contra la citación de diecisiete testigos en la causa. El juez considera que "las quejas del recurrente resultan de difícil inteligencia" y señala que lo que él ordenó a la UCO es "una mera y simple aproximación a los depósitos bancarios, inmuebles o vehículos de los que pudieran ser titulares.
Subraya que son datos que se obtendrán "de fuentes abiertas", y por tanto son "accesibles a través de los correspondientes registros". El juez rechaza también que esté llevando a cabo una "investigación prospectiva", como señaló la defensa de Ábalos: "Notoriamente, no es el caso".
