La huelga general de este lunes en Israel es, según el Gobierno de Netanyahu, "política e ilegal", y por ello desde que los primeros cortes de carretera comenzaron a afectar al país el Ejecutivo pidió a los tribunales de Tel Aviv que la desconvocaran. Algo que ocurrió a mediodía, horas antes de que terminara la primera jornada de movilizaciones anunciada por Histadrut, el mayor sindicato del país.
Los llamamientos a la huelga general comenzaron el sábado, poco después de que se hallaran los cuerpos de seis rehenes en el marco de la operación israelí en el sur de Gaza. El Estado hebreo aseguró que habían muerto ejecutadas por Hamás, mientras que el grupo islamista afirmaba que murieron en uno de los bombardeos israelíes sobre la zona. Este lunes la autopsia realizada por el Ministerio de Salud de Israel ha sostenido que los secuestrados fueron asesinados a quemarropa entre 48 y 72 horas antes del análisis forense, es decir, entre el jueves y la mañana del viernes.
Tras la multitudinaria manifestación de este domingo, que congregó a 300.000 personas en Tel Aviv, el presidente de la Histadrut, Arnon Bar-David, anunció la huelga general y remarcó que un acuerdo que permita la liberación de los secuestrados "es ahora mismo lo más importante". Desde primera hora del lunes comenzaron a registrase numerosos bloqueos, provocando la suspensión y retraso del vuelos en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Además, a las protestas se sumaron universidades, ayuntamientos, bancos y hospitales, que han funcionado a lo largo de toda la jornada con horario reducido.
Pese al respaldo de parte de la población, y que el Foro de las Familias de Rehenes y Secuestrados se sumaron a la convocatoria alegando que "las familias de los rehenes urgen a la población a tomar acción y unirse a ellos en su lucha", el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, afirmó el domingo que se trataba de una huelga para tumbar al Gobierno y que había dado orden al Tesoro de no pagar los salarios a los trabajadores públicos que se sumaran a las protestas. "Es una huelga laboral con motivaciones políticas, pero también una forma de expresión y presión muy común en este país. Israel está muy sindicalizado por lo que si el sindicato mayoritario está en tu contra te genera (al Gobierno) una situación muy complicada", explica a 20minutos Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas ICADE.
Smotrich aseguró el domingo que "no permitiría a los jefes de Histadrut voltear el país y usar a los trabajadores como armas para lograr avances en sus objetivos políticos". Por ello, contactó con el Fiscal General para pedir medidas cautelares con respecto a la huelga y este mismo lunes por la mañana la Fiscalía pidió al Tribunal Laboral de Israel que se pronunciara, asegurando que "no es una huelga por un conflicto laboral colectivo" sino política. Varias horas después, un tribunal de Tel Aviv ordenaba la desconvocatoria de la huelga. La decisión adoptada por el tribunal de Bat Yam fue celebrada por el Gobierno. "Con Hamás sólo hay que hablar a través de la mirilla del arma", recalcó el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.
Acusan a Netanyahu de retrasar el acuerdo
Para Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Netanyahu se encuentra en medio de presiones internas, con una oposición y una opinión pública que le pide llegar a un acuerdo para evitar que vuelvan a producirse muerte de rehenes; y unos aliados de Gobierno que piden mano dura y no ceder, amenazando con romper el Ejecutivo. En el mismo sentido se expresa Priego, que asegura que Netanyahu "está señalado incluso dentro de su propio Gabinete como el obstáculo para que se llegue a un acuerdo de paz".
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, contradijo el pasado domingo a Netanyahu, pidiendo públicamente que el Ejército se retirara del corredor Filadelfia que separa Gaza de Egipto, uno de los puntos de fricción que han hecho fracasar las negociaciones. Además, medios israelíes aseguran que durante una de las reuniones del gabinete de seguridad se produjo una fuerte discusión entre ambos, llegando a acusar Gallant a Netanyahu de estar torpedeando el acuerdo con Hamás.
"Netanyahu obstaculiza porque sabe que si mañana la guerra acaba tiene que empezar a dar muchas explicaciones: por qué no se tomaron medidas de seguridad el 7 de octubre, por qué no se hizo caso a las alertas, por qué no se ha priorizado la libración de los rehenes y por qué cada vez que hay un acuerdo de paz encuentra una excusa para decir que no es posible", manifiesta el profesor de Comillas ICADE. Los analistas señalan que el fin de la guerra irá de la mano de una ruptura del Ejecutivo y por consiguiente de unas nuevas elecciones. "Esto podría acabar con su carrera política y no es descartable que llevándole a los tribunales y quién sabe si a la cárcel. De hecho ya tiene un juicio pendiente por corrupción", dice Priego, que no descarta que "antes de final de año se rompa el Gobierno y en primavera haya elecciones".
Para Mertens, cada vez habrá más presión sobre el Gobierno de Netanyahu para ir hacia un acuerdo y "aunque la huelga puede tener un impacto", el cambio vendrá "forzado desde fuera", en concreto "desde Estados Unidos". Aunque Washington sigue apoyando a Israel, la Casa Blanca es cada vez más hostil en sus comentario contra Netanyahu y este lunes el propio Biden ha acusado a Netanyahu de no hacer lo suficiente para liberar a los rehenes. "La propia opinión pública estadounidense está tomando poco a poco distancia respecto a todo lo que hace el Gobierno de Netanyahu", lo que tarde o temprano, manifiesta Mertens, puede pasar factura a un Gobierno de EEUU que no se posicione sobre la "insostenible situación en Gaza". Sobre todo con las elecciones de noviembre a la vista.
