El Gobierno ha hecho fijos a 321.000 empleados públicos desde 2021

El Gobierno afirma haber hecho fijos, desde 2021, a 321.776 empleados públicos que se encontraban en situación de temporalidad. Una cifra que el departamento de Función Pública, liderado por el ministro Óscar López, constata que es suficiente para cumplir con el pacto alcanzado con la UE de estabilizar al menos 300.000 plazas antes del 31 de diciembre de este año.

Así lo ha anunciado López durante su intervención este miércoles en la comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso. "Gracias a las grandes convocatorias de ofertas de empleo público, esta cifra es verdaderamente espectacular", ha valorado. El ministro ha detallado que se han convocado más de 500.000 plazas desde que se aprobó el plan de recuperación financiado con fondos europeos.

"Nunca en democracia se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo", ha celebrado López, para después añadir que el proceso de estabilización "no ha hecho más que empezar". "El compromiso con Bruselas se mantiene a través de los procesos ya convocados y que quedan por resolverse", ha añadido.

No obstante, el objetivo que el Gobierno acordó con la Comisión Europea a cambio de los fondos, que se plasma en la primera reforma del componente 11 del plan, sigue todavía muy lejos. El Ejecutivo prometió a Bruselas que reduciría la tasa de temporalidad pública al 8%. El año pasado, esa cifra se situaba en el 30,6% de todo el empleo público, una cifra que prácticamente cuadriplica el objetivo. De hecho, desde 2019, la tasa de temporalidad pública se ha incrementado en tres puntos porcentuales, mientras que en el sector privado se ha reducido desde el 25,9% hasta el 14% actual.

Además, con ese telón de fondo, miles de funcionarios interinos en situación de temporalidad fraudulenta siguen a la espera de que se resuelvan los litigios que está estudiando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TJUE ha sugerido en dos ocasiones que una solución a este problema sería concederles la fijeza. Algo que choca con la doctrina del Supremo, que ha cuestionado la legalidad de conceder plaza a personas que no han superado una oposición.

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