Podría haber una nueva vía para aprobar la reubicación de los menores migrantes de las comunidades más saturadas que no pase necesariamente por una reforma de la ley de extranjería. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este lunes una propuesta de decreto para aprobar la distribución extraordinaria de parte de los 5.700 menores extranjeros que actualmente tutela el archipiélago. Una fórmula que no termina de convencer al Gobierno central, que duda del encaje jurídico de una norma que es susceptible de ser recurrida al Tribunal Constitucional (TC) y que igualmente tendría que ser convalidada en el Congreso por los mismos grupos con los que, a día de hoy, no han conseguido alcanzar un acuerdo.
Según explicó Clavijo en una entrevista en la radio autonómica canaria, su Ejecutivo está trabajando en un decreto con un artículo único en el que se plantea la reubicación de casi 4.000 niños y adolescentes migrantes, que es la cifra aproximada que necesita Canarias para aliviar un sistema de acogida que, en principio, solo tiene capacidad para albergar a 2.000 menores. Se trata de una alternativa a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería negociada entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno canario, que no consiguió reunir los apoyos suficientes para que fuera tramitada en la Cámara Baja, tras recibir el voto en contra del PP y Junts.
Tras varias reuniones frustradas con los populares, todo apunta a que los esfuerzos se están redirigiendo ahora a convencer a los independentistas catalanes, a quien el Gobierno se plantea conceder competencias migratorias. El propio dirigente canario ya dijo hace una semana que tenía guardado en el cajón un acuerdo con Junts si fracasaba la negociación de la reforma de la ley de extranjería, y este mismo martes avanzó que el decreto —que espera que vea la luz durante "la primera quincena de enero"— ha sido negociado con Junts y con el PNV. La clave, según explicó, es que se excluya a Cataluña de ese reparto extraordinario. Será, en palabras de Clavijo, "un parche" para paliar con una situación que mantiene a las islas desbordadas, y hasta que se logre consensuar una reforma de la ley.
El Gobierno analizará la seguridad jurídica
Esta es una fórmula que, sin embargo, nunca ha convencido del todo al Gobierno central. Fuentes del ministerio que dirige Ángel Víctor Torres transmiten dudas a 20minutos y recuerdan que aprobar ese reparto "puntual" por la vía del decreto no aporta la estabilidad necesaria para una medida de este calado. En primer lugar, porque puede ser recurrida al Constitucional —Isabel Díaz Ayuso ya avanzó que así lo haría—, y luego, porque aunque se apruebe primero en Consejo de Ministros, luego tendría que recibir el visto bueno de una mayoría del Congreso de los Diputados. Aun así, en el Gobierno aseguran que están dispuestos a estudiar esta propuesta a la que, por ahora, no le ven garantías de que sea la fórmula jurídica adecuada.
En Moncloa siguen defendiendo la modificación de la ley de extranjería como la opción más estable y duradera, pero mirarán si es factible esa petición puntual que pide Clavijo. El decreto planteado abre un espacio temporal de entre tres y cuatro meses para desahogar esa presión en Canarias, pero también en Ceuta, con la reubicación de otros 400 menores migrantes no acompañados.
Aunque se apruebe, inciden las mismas fuentes, habrá que esperar un tiempo para tener cierta "garantía de convalidación", ya que, si por lo que sea esa iniciativa se echa para atrás y ya se han reubicado a los menores que prevé la norma, estos quedarán desprotegidos en una especie de "limbo". Además, en Política Territorial inciden igualmente en que ya no es solo analizar el encaje legislativo del decreto, sino también tener la garantía de que el texto contará con los apoyos parlamentarios suficientes. "A día de hoy, no está garantizado ese apoyo", subrayan.
