El Gobierno busca salvar Muface 'in extremis' y lanza una nueva licitación con una mejora de las condiciones en más de un 33%. Según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el importe de la adjudicación se ha elevado hasta los 4.478 millones, lo que supone 957 millones más con respecto al plan en vigor. En concreto, el coste por año será de 1.303 millones para 2025, de 1.490 millones en 2026, mientras que para 2027 se eleva a 1.685 millones. "Cumplimos con el compromiso de lanzar un nuevo concierto antes de acabar 2024", ha apuntado Alegría.
El planteamiento pasa por aplicar un incremento de tarifas paulatino del 19,37% para el próximo año, mientras que en los dos siguientes será del 7,25% y del 4,32%, que en conjunto suman el citado 33,5% para el conjunto del trienio. De este modo, la media por mutualista pasa de 1.032,12 euros en el momento actual a los 1.262,28 euros al finalizar el convenio. Para los funcionarios en el exterior adscritos a Muface, que opera DKV Internacional en exclusividad, el presupuesto asciende a 77,7 millones, frente a los 45,5 millones propuestos inicialmente para dos años y que fueron rechazados. Tras conocer la oferta, queda pendiente la publicación de las nuevas condiciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Entre las novedades, el ministerio para la Transformación Digital y Función Pública ha incorporado el cálculo de la prima en función de los tramos de edad, por el que se pasa de una tarifa lineal a una incremental de tal modo que se pague más por asegurar a los colectivos de mayor edad. La decisión se ha tomado tras la consulta preliminar de mercado puesta en marcha después de que el concurso quedase desierto. En la iniciativa participaron Asisa, de la que se desconocen sus requisitos, y DKV Seguros, que exigía un alza superior al 40% en un año. SegurCaixa Adeslas, por su parte, envió una carta por otros cauces para analizar las nuevas circunstancias, pero tampoco se conocen sus requisitos.
Con este refuerzo de las condiciones económicas, el departamento liderado por Óscar López persigue alcanzar un acuerdo con las aseguradoras en aras de poder renovar el concierto 'in extremis' y zanjar la incertidumbre en el sistema de mutuas, que afecta a 1,5 millones de funcionarios, principalmente, personal docente y empleados de la administración del Estado. Aunque el citado 33,5% es inferior al casi 40% que solicitan desde el seguro, se acerca a la petición de las aseguradoras. La compañías que actualmente prestan el servicio llevan meses alertando de la "deficitaria situación" que atraviesan con unas pérdidas acumuladas en el 2022 y 2024 superiores a los 400 millones.
El aumento del 17,12% de las tarifas planteado en la primera licitación es insuficiente para las aseguradoras al considerar que no permite cubrir los 'números rojos', dada la alta siniestralidad, el repunte de la inflación y el envejecimiento de la población. De hecho, la mayor proporción de beneficiarios por encima de los 65 años ha acentuado los problemas de sostenibilidad que arrastra Muface y han llevado al Ministerio de Sanidad a cuestionar su viabilidad en el medio y largo plazo.
Desde CSIF, uno de los sindicatos mayoritarios, ha calificado de "buena noticia" el aumento del coste de las primas, si bien han pedido prudencia hasta conocer el posicionamiento de Adeslas, Asisa y DKV. Ponen en valor las manifestaciones convocadas por la propia organización, cuya movilización ha ido en paralelo a la de otros sindicatos como CCOO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT. "Esperamos que se llegue a un acuerdo cuanto antes para empezar a trabajar y terminar con la incertidumbre y la desatención que actualmente sufren los mutualistas, aportándoles tranquilidad y seguridad", indican.
Moncloa ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores adscritos a Muface, para los que está "garantizada la asistencia sanitaria en las condiciones" que se vienen prestando. El convenio en vigor expira oficialmente el próximo 31 de diciembre, aunque en caso de no continuar deberían garantizar la cobertura hasta el 31 de enero, llegando incluso al 31 de marzo en algunos casos excepcionales como los embarazos.
Asisa estudiará la oferta
Asisa ha sido la primera de las tres aseguradoras en pronunciarse tras conocer la oferta de Función Pública, de la que "valoran el esfuerzo realizado a la administración para mejorar la financiación y buscar mecanismos que permitan garantizar la calidad asistencial, empezar a corregir los desequilibrios de la mutualidad y buscar su sostenibilidad a medio y largo plazo". En este sentido, avanzan que estudiarán una vez que se hagan públicos los pliegos del concierto para analizar todos los factores y tomar una decisión sobre su continuidad en este modelo.
"Asisa siempre ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo con la administración que garantice su viabilidad", indican en el comunicado enviado para añadir que "están convencidos de que la pervivencia y la estabilidad del mutualismo administrativo es necesaria para el correcto funcionamiento del conjunto de Sistema Nacional de Salud". "Es la única referencia alternativa al modelo de gestión directa y resulta por ello imprescindible para evaluar las posibles alternativas y reformas que deben abordarse para hacer sostenible la sanidad pública en nuestro país", remarcan.
