Un nuevo permiso climático se pone en marcha en España. El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves la modificación del Estatuto de los Trabajadores para crear un nuevo permiso retribuido con el que blindar el derecho a ausentarse del trabajo en caso de catástrofe. Esta iniciativa forma parte del un paquete de medidas en materia laboral y de prevención de riesgos propuesto hoy por el Ministerio de Trabajo.
"Es una evidencia que la emergencia climática existe" y "lo que hacemos por primera vez en España es regular de conformidad a la emergencia climática", ha asegurado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, al presentar el paquete. "El permiso climático será de cuatro días para que ningún trabajador corra riesgos y a partir de ahí las empresas podrán optar por un ERTE", ha añadido.
Y lo explica: "Si una autoridad de emergencias de un ayuntamiento o Comunidad Autónoma indica que hay riesgo no se podrá ir a trabajar y los trabajadores tendrán todos sus derechos cubiertos, como hacemos hasta ahora, pero desde ahora formará parte de la legislación y si hay algún incumplimiento los trabajadores están protegidos".
Es decir, estos permisos están vinculados a razones de emergencia climática cuando "una administración pública indica que hay riesgo en el desplazamiento no solo por poner en riesgo la propia vida, sino el colectivo, ahí tenemos la certeza de que van a gozar como tenemos en nuestro ordenamiento jurídico español de cuatro días retribuidos con cotizaciones", explica. Y aclara que durante la pandemia Covid el trabajador tenía que devolver los días. Ahora no.
En concreto, se incorporará al Estatuto de los Trabajadores lo que Trabajo denomina permisos 'climáticos': hasta cuatro días de permiso remunerado para el trabajador por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo ante una catástrofe, prorrogables hasta que desaparezcan las circunstancias que lo motivaron. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha aclarado que "estos permisos climáticos" serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.
En caso de que sean necesarios más días, las empresas podrían hacer uso de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor para su justificación.
"Aquí lo que tenemos es una casuística bien recogida de las causas que pueden dar lugar a estos permisos climáticos y que tienen que ver con la imposibilidad de acudir físicamente al trabajo. Se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas. Y tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota", ha apuntado Cuerpo.
Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la denegación de estos permisos climáticos. "Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello", ha recordado la ministra.
Incluido en los convenios
La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.
"Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva en las empresas, en cada una de las empresas, para que legislen de conformidad con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes y lo estamos demostrando justamente hoy con estas normas", ha apuntado la ministra.
La representación legal de las personas trabajadoras contará, a partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso, podrán parar la actividad.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.
Las medidas laborales aprobadas este jueves en el Consejo de Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.
Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.
Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos.
"Ningún lugar mejor que cada una de las empresas en función de la actividad que presten, de las necesidades que tengan para ajustar esos protocolos que ya van a formar parte de nuestras vidas. Por tanto, hoy España es mejor, damos certidumbre y tenemos normas que van de la mano de la emergencia climática", ha remarcado la ministra.
Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas.
"Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la prevención de las violencias LGTBI", ha explicado.
