El gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que se ha aplicado en 2023 y 2024, seguirá vigente... aunque muy probablemente tan solo un mes más. El Consejo de Ministros aprobó este lunes por decreto para todo 2025 la prórroga de este impuesto con prácticamente las mismas condiciones en las que se ha aplicado estos dos últimos años. No obstante, ese decreto no cuenta, hoy por hoy, con los apoyos suficientes para ser convalidado en el Congreso, donde tendrá que votarse en el plazo máximo de un mes, por lo que es muy probable que el impuesto sea derribado antes de que termine enero.
El movimiento del Ejecutivo tiene que ver más con su fragilidad parlamentaria y con el encaje de bolillos que se vio obligado a hacer hace unas semanas para sacar adelante en el Congreso su descafeinada reforma fiscal. Este lunes, el presidente Pedro Sánchez aseguró que, con la aprobación del decreto que extiende el impuesto a las energéticas "cumple" con el compromiso que firmó hace unas semanas con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Pero lo cierto es que tanto PNV como Junts ya han asegurado que no piensan apoyar la extensión del gravamen, y sus votos son imprescindibles para que el decreto no sea flor de un día y no caiga en el Congreso en enero.
Según explicó Sánchez, "la principal novedad" en el texto aprobado este lunes es la introducción en el diseño del gravamen de "un incentivo fiscal para contemplar las inversiones estratégicas para la transición ecológica y la descarbonización". "Así demostramos que puede exigirse un esfuerzo adicional a las energéticas mientras continuamos con nuestra estrategia de lucha contra el cambio climático", apuntó Sánchez en referencia a estas exenciones fiscales, por las cuáles las empresas energéticas que hagan inversiones verdes podrán librarse de una parte del pago de la tasa.
Esta modificación, pactada con ERC, EH Bildu y BNG y que Podemos tampoco ve con malos ojos, se ha hecho pensando precisamente en intentar atraer al acuerdo a PNV y Junts, que desde hace semanas han defendido que los grandes grupos energéticos (eléctricas, petroleras, etc.) no deben pagar este impuesto extraordinario por sus beneficios. No obstante, los dos partidos de la derecha nacionalista aliados del Gobierno se han ausentado de las dos reuniones que el Ministerio de Hacienda ha convocado con sus socios para intentar pactar un diseño para la extensión del gravamen, lo cual es buena muestra del escaso interés que tienen siquiera en negociar.
Vistos los nulos avances de la negociación, Podemos también se negó a ir a la última reunión, alegando sentirse engañado por el Gobierno, puesto que los morados aseguran que la Moncloa les garantizó que Junts y PNV estaban dispuestos a votar a favor de extender el impuesto a las energéticas, algo que el Ejecutivo niega. En esta línea, este lunes Podemos dio un paso más y anunció que también votará en contra del decreto de prórroga del gravamen el mes que viene cuando se debata en el Congreso, con el argumento de que Hacienda se ha rendido y ha dejado de negociar un impuesto definitivo a las energéticas.
