La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, afirmó el pasado jueves ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que no existe "ninguna pauta" que indique como deben tratar los fiscales con las comunicaciones de sus teléfonos móviles. Sin embargo, el fiscal general del Estado, tras deshacerse de su antiguo teléfono una semana después de ser imputado, justificó el cambio de dispositivo remitiéndose a una instrucción de la Fiscalía sobre protección de datos. Ahora el juez Hurtado trata de averiguar si la maniobra está justificada, teniendo en cuenta que el móvil que se halla en paradero desconocido podría ser una prueba clave para determinar si se cometió el delito.
El juez Ángel Hurtado recibió el 16 de octubre la encomienda de investigar si Álvaro García Ortiz era responsable de varias filtraciones que sucedieron en marzo de 2024: entre el 12 y el 13 de ese mes se desveló que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había defraudado más de 350.000 euros y que estaba negociando con la Fiscalía un pacto de conformidad. El instructor del Supremo, consciente del derecho de los periodistas a mantener el anonimato de sus fuentes, comenzó sus pesquisas buscando en los dispositivos electrónicos de los presuntos implicados.
Pero se dio la circunstancia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró que el teléfono del fiscal general atesoraba "cero mensajes" intercambiados entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. La Fiscalía aclaró que García Ortiz había cambiado de teléfono móvil una semana después de su imputación atendiendo a la instrucción 2/2019 sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal.
"Una de las medidas básicas de seguridad es la destrucción de forma segura de dispositivos en desuso", expusieron fuentes de la Fiscalía que a día de hoy no han aclarado qué ocurrió con el antiguo teléfono del fiscal general. Además de remitirse a la mencionada instrucción, la Fiscalía aludió a una 'guía básica' elaborada en 2022 en la que se indica: "No almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico. Eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera".
Almudena Lastra mencionó ambos documentos durante su declaración ante el juez. Eso sí, según la fiscal esa normativa se refiere a "información contenida en los ficheros", "a los registros", pero no a las "comunicaciones de teléfonos". En cuanto a los correos electrónicos, "lo que se sugiere es que no se almacenen en las cuentas de correos electrónicos los correos y que se vayan eliminando los que no es necesario mantener", sostuvo Lastra.
Este miércoles, casi una semana después de tomar declaración a Lastra, el juez Ángel Hurtado dictó un auto en el que pedía a la Fiscalía General del Estado una copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y correos electrónicos. Además, el instructor pidió a la Fiscalía que aclare si los dispositivos de García Ortiz fueron formateados y que se le envíen los teléfonos que el fiscal haya entregado a la institución desde el 7 de marzo del año pasado.
