Los funcionarios mutualistas han vuelto a salir este miércoles a la calle para exigir una solución a la crisis de Muface. Convocados por varias organizaciones sindicales frente a la sede del organismo (en Madrid), los manifestantes han reclamado medidas urgentes y "responsabilidad" al Gobierno y las aseguradoras para garantizar la asistencia sanitaria de un millón y medio de trabajadores públicos y sus familiares. Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, los afectados temen tener que cambiarse a la Seguridad Social, algo que, afirman, "colapsaría el sistema".
Tras quedar desierta la primera licitación, el Ministerio de Función Pública amplió hasta el 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten ofertas para prestar atención sanitaria a los funcionarios de Muface y sus familiares. En este segundo proceso, donde se ha planteado una subida del 33,5% en las primas, Asisa se ha quedado como la única posible candidata a continuar prestando este servicio.
La incertidumbre continúa cuando quedan apenas cinco días para la fecha límite, lo que ha llevado a los sindicatos ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, UFP, USIE, USO y APFP a convocar una nueva movilización, como ya hicieron el 11 de diciembre. "Muface no es un privilegio, es un derecho que tenemos los funcionarios", asegura Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca, durante la protesta. En este sentido, la secretaria general de SUP, Mónica Gracia, explica que la asistencia privada es necesaria porque permite a los trabajadores públicos "seguir prestando un servicio de calidad en todos los ámbitos".
Un "colapso" del sistema público
Ana Aguilar es una mujer jubilada que trabajó toda su vida como profesora y, desde que tuvo la oportunidad, se adscribió a Muface. "Llevo 48 años con los mismos médicos, me han hecho operaciones y estoy en tratamiento por un bultito en la cabeza del que me hacen seguimiento, si me pasan a la Seguridad Social no sé qué será de mí", traslada preocupada a 20minutos, pues asegura que, si no se encuentra solución, no la van a poder atender como necesita.
"No estamos en contra de la sanidad pública, la valoramos, pero un millón y medio de personas no podemos ir de golpe, primero hace falta que pueda abarcarnos y eso tiene que ser paulatinamente", sostiene esta exfuncionaria. Con ella concuerda Elena, trabajadora de la Agencia Tributaria, quien advierte que la desaparición de Muface "afecta a todos": "Si nos vamos todos a la Seguridad Social sin una previsión o un plan específico, colapsará aún más de lo que ya está".
En esta línea, la presidenta de Fedeca apunta que las listas de espera en la sanidad pública "llevan creciendo desde el 2020, estabilizándose en 121 días", una situación que se agravaría con la incorporación de los funcionarios mutualistas y familiares. "Va a suponer una sobrecarga del sistema sanitario", reitera. En concreto, Ercoreca señala que, según un informe de la Secretaría de Estado de Sanidad, las comunidades que se verían más afectadas serían Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Por ello, los afectados reclaman a las autoridades y compañías de seguros "pensar en el bien común y ponerse de acuerdo". "No nos pueden obligar a cambiar de sanidad de la noche a la mañana, tienen que llegar a un consenso", manifiesta a este medio Ana Avilés, funcionaria de Justicia, al lamentar la "gran incertidumbre" que supone este problema. "Yo tenía una entidad médica y, de repente, me tengo que cambiar; tengo unos tratamientos pautados y todavía no sé quien me va a hacer esos seguimientos, a lo que se suma que también tengo asociadas a mis dos hijas", subraya.
Los trabajadores en el exterior, sin alternativa
Además de los funcionarios españoles, la incógnita sobre el final de Muface también afecta a nivel internacional. Los sindicatos denuncian que 8.000 mutualistas destinados en el exterior no tienen alternativa, pues no todos pueden acceder a un sistema nacional público de salud. "DKV es la única empresa que ofrece el servicio en el exterior, no hay alternativa salvo que el Estado se haga cargo de las necesidades y prestaciones sanitarias", señala Alberto Virella, presidente la Asociación de Diplomáticos Españoles.
Y es que en otros países el modelo de prestación sanitaria es distinto y funciona a través de contratos de pólizas de seguros. "En España hay una figura jurídica de contrato público que no está adaptada a lo que internacionalmente se hace, por eso no hay ninguna aseguradora internacional que se presenta a esta licitación, solo DKV España", remarca, al pedir también "más información y claridad por parte de las autoridades españolas".
"Hemos hecho innumerables gestiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero nos dicen que no nos preocupemos, que se va a solucionar", añade sin disimular su escepticismo, pues "si hubo una convocatoria que quedó desierta, puede haber una segunda".
Por todo ello, los funcionarios piden más "transparencia" por parte de las autoridades y un acuerdo que permita continuar con la asistencia por parte de las aseguradoras. "La incertidumbre es tanto por la prestación sanitaria como por qué piensa hacer el Gobierno con Muface", concluye Jesús Marrodán, presidente de USIE. "Necesitamos que Muface siga", defienden los afectados.
