Los expedientes de expulsión de inmigrantes condenados suben un 42%: albaneses y colombianos son los más deportados

Los expedientes de expulsión de ciudadanos extranjeros condenados a más de un año de cárcel en España se dispararon un 42% el año pasado, según refleja la memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE). Ese informe relativo a 2023 y publicado este jueves, muestra 4.144 solicitudes en escritos de calificación, 2.004 en trámite de sentencia y 581 en ejecutorias, cifras "considerablemente superiores" a las de 2022, cuando se registraron 2.904, 440 y 560 solicitudes en los diferentes trámites.

El Ministerio Público subraya que "en la práctica totalidad" de los casos, "las personas expulsadas tenían antecedentes penales, lo que acentúa que las expulsiones van dirigidas a aquellas personas que han presentado conductas delictivas y antisociales".

Los datos policiales indican que en 2023 llegaron a materializarse 596 expulsiones de extranjeros condenados a penas de prisión de hasta 5 años, y 152 expulsiones de condenados a penas superiores a 5 años (748 en total). La Fiscalía constata "la dificultad para materializarlas, y, consiguientemente, la diferencia entre la cifra de las que se acuerdan y las que se ejecutan realmente".

Sorprende que los extranjeros más expulsados fueron los procedentes de Albania (132), ya que sus nacionales no constituyen un grupo de inmigrantes demasiado numerosos en España. Le siguen los ciudadanos de Colombia (120) y Marruecos (78), países, estos sí, con un elevado número de nacionales residentes en España. El ranking lo completan: Brasil (46), Georgia (43), Perú (34), China (25), República Dominicana (22), Rumanía (16), Chile (17), Lituania (16), Paraguay (15), Senegal (14), Serbia-Montenegro (11), Francia (8), Italia (6) y Argentina (6).

Fuentes policiales explican a 20minutos que "muchos albaneses expulsados pertenecen a mafias que están implantadas en territorio español", pero también subrayan que "es mucho más sencillo devolver a extranjeros de países europeos" porque los trámites son más ágiles. "Hay más colaboración a la hora de identificarlos y aceptar las devoluciones. Con los países de África siempre es más complicado porque no hay un control efectivo por parte de sus gobiernos y algunos no los aceptan", señalan.

La propia Fiscalía también refleja en su memoria los problemas para repatriar a determinadas nacionalidades. Ya el año pasado hizo referencia a la falta de colaboración por parte de las autoridades de Argelia y Marruecos; y en su reciente memoria señala que "actualmente están paralizadas las repatriaciones de ciudadanos argelinos", un problema del que ha alertado especialmente la Fiscalía de Baleares, advirtiendo de que "el incremento de embarcaciones tipo patera llegadas a Baleares no ha cesado" y que "todas proceden de Argelia".

Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre España y Argelia se rompieron en 2022 tras el posicionamiento de Pedro Sánchez a favor de Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental y, aunque ha habido un acercamiento, la relación sigue siendo tensa entre ambos gobiernos, lo que, sin duda, complica la devolución de inmigrantes irregulares o condenados en España.

Dificultad para expulsar a procesados

La memoria de la Fiscalía expone aún más dificultades para expulsar a aquellos inmigrantes procesados penalmente o condenados a penas de prisión inferiores a un año. Indica que "la cuestión está dando lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios" y también "a posturas dispares en las distintas Fiscalías" autonómicas.

Según datos policiales, en 2023 solo se efectuaron 43 expulsiones de inmigrantes procesados, siguiendo la vía que marca el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería. El principal obstáculo para materializarlas, relata la Fiscalía, son "las negativas de los Estados a aceptar a sus nacionales o los problemas que plantean las denegaciones consulares para documentarlos a tiempo". Y recalca "las dificultades de este tipo con ciudadanos argelinos, y en algún caso con marroquíes".

Esos países "no reconocen a sus ciudadanos y hacen todo lo posible para evitar las devoluciones", afirman fuentes policiales, que también indican que los inmigrantes irregulares también "intentan poner todos los problemas posibles para ser identificados, rompiendo sus pasaportes o asegurando que proceden de países con los que no existen convenios para ser expulsados".

Otros obstáculos que cita la memoria del Ministerio Público son "el colapso en los juzgados, falta de localización del individuo, recursos, el cumplimiento de otras penas de prisión pendientes o motivos de salud". También señala casos de "violencia física opuesta por los individuos y negativa del comandante de la aeronave a realizar el vuelo". Este último caso se repitió el pasado mes de julio, cuando un piloto de la aerolínea Air Arabia se negó a embarcar en el aeropuerto de Bilbao a un activista saharaui que iba a ser deportado a Marruecos. El piloto alegó "motivos de seguridad" y le denegó el embarque.

Colapso en el aeropuerto de Barajas

Un apartado de la memoria hace especial mención al aeropuerto de Barajas, donde hace solo una semana hubo un intento de motín por parte de un grupo de inmigrantes, que obligó a enviar refuerzos policiales. La Fiscalía advierte de la "clara saturación de las salas de inadmitidos y de asilo" y asegura que "la situación podría calificarse de crítica a finales del 2023 y comienzos del 2024".

"Estos inmigrantes irregulares llegan a España en vuelos con destino a Sudamérica, pero con escala en Madrid y al llegar a Barajas se deshacen de su documentación para solicitar asilo", explican fuentes policiales, que confirman que "la situación más crítica fue el pasado mes de enero, cuando hubo un colapso de las salas ante la llegada masiva de solicitantes de asilo procedentes de países de África", pero inciden en que "ahora mismo hay en torno a 120 solicitantes y sigue habiendo un problema de masificación".

"Cuando la gente no cabe en las salas y no se ponen soluciones, se generan problemas de seguridad como los que hemos vivido. Hace una semana hubo un intento de motín por parte de tres personas a las que se les denegó el asilo y en enero un grupo de irregulares se fugó por una ventana e invadió las pistas del aeropuerto", aseguran las fuentes.

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