La rentabilidad y la sostenibilidad son los dos ejes sobre los que gira el estallido de la crisis de Muface. Dos cuestiones que, a su vez, tienen como punto de partida el envejecimiento de la población mutualista, tendencia que se ha acentuado en los últimos años. Si en 2013 la edad media era de 54,2 años, nueve años más tarde, en 2022 (último dato disponible), ha pasado a ser de 57,8 años. El riesgo de desaparición del modelo ante la negativa de SegurCaixa Adeslas y DKV a renovar el concierto ha abierto la puerta a que parte de los funcionarios afronten el dilema de pasarse al sistema público de salud o bien contratar un seguro privado. Una segunda opción que, sin embargo, puede no resultar viable en la práctica.
Desde Fedeca -asociación que representa a los altos funcionarios de la Administración General del Estado- señalan directamente al colectivo por encima de los 50 años como uno de los que más trabas tendrá a la hora de elegir aseguradora para contratar una póliza privada. "Hay una suma de factores que provocan que un cambio brusco de modelo ponga en serio riesgo su salud, y que hace también muy difícil que puedan ser aceptados en algún seguro privado", indica la presidenta de la citada organización, Ana Ercoreca. Cita expresamente a enfermos crónicos o personas en tratamiento, que pueden ser las que más complicado lo tengan y por ello les señala como uno de los colectivos más vulnerables en este sentido.
Ercoreca establece diferencias entre los mutualistas más jóvenes, a los que las aseguradoras podrían ofrecer "precios más competitivos", pero no así entre los de mayor edad. Los seguros de salud cuentan con los denominados períodos de carencia, en los que no se cubren determinadas coberturas. Se trata de 'cuarentena' que el sector ha diseñado como escudo para 'blindarse' de aquellos pacientes que sólo contraten el producto para cubrir una necesidad y darse de baja una vez resuelta. Este enero se ha abierto la ventana para que los empleados públicos soliciten el cambio, que suele ser el mes que tradicionalmente se habilita para pedir el traspaso de aseguradora o bien adherirse a la pública. Hasta la fecha no hay datos oficiales de cuántas peticiones se han registrado.
Cabe destacar que los pliegos de contratación recogen entre las novedades el doble sistema de cambio, por lo que los funcionarios contarán con la baza de elegir otra vez en junio en caso de que salga adelante. Desde Fedeca predomina un sentimiento de "preocupación" ante la incertidumbre que impera, especialmente tras la ampliación del plazo para presentarse al concierto en doce días. La dirección general de Muface ha prorrogado del 15 de enero al 27 de enero la fecha límite para acudir a la licitación, movimiento que eleva la incertidumbre sobre el futuro de Muface. Asisa es la única de las tres que actualmente prestan cobertura que falta por pronunciarse para aceptar las condiciones o bien sumarse al bando de SegurCaixa Adeslas y DKV.
El rechazo ha tenido lugar tras hacer números con la nueva oferta, que le seguiría generando pérdidas después de un último trienio en números rojos. En este sentido, las posturas entre el Ministerio de Sanidad y Función Pública difieren. El departamento liderado por Mónica García reitera la necesidad abordar el trasvase de la privada a la pública, circunstancia que no hará "eclosionar" el sistema, si bien alaban la propuesta elaborada por el ministerio que lidera Óscar López, que contempla una subida de la prima del 33,5%, hasta los 1.262 euros por persona. De forma paralela, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública confía en cerrar un acuerdo con las aseguradoras, que el Gobierno se ha fijado como un objetivo "prioritario".
El escenario se ha agravado aún más la tensión existente entre los funcionarios. Desde los sindicatos ya han amenazado con emprender acciones legales para defender sus derechos e intereses sin descartar, incluso, nuevas jornadas de huelga. Miguel Borra, presidente de CSIF -uno de los sindicatos mayoritarios entre los trabajadores públicos- ha exigido al Ejecutivo que prepare una oferta económica que permita salvar Muface. "No hay derecho a que se esté generando esta intranquilidad", ha comentado tras hacer alusión a la situación por la que atraviesan los pacientes oncológicos o con enfermedades de larga duración.
