Desde el respeto al millón y medio de funcionarios de este país que hoy pelean porque se les mantenga el seguro médico privado que han disfrutado desde hace cinco décadas, quiero confesarles que me cuesta entender por qué los empleados públicos de España tienen por su condición de funcionarios la posibilidad de hacerse con un seguro de sanidad privada. Muface, que se paga en gran parte con fondos del Estado.
Igual es un sacrilegio lo que estoy diciendo, pero es que busco y rebusco y no encuentro explicación. Muface tendría su razón de ser cuando nació en 1975, pero ahora en base a qué derecho fundamental se concede a los funcionarios un trato que no se otorga al resto de los ciudadanos. Cómo se justifica. Seguramente estamos ante un derecho consolidado, pero también está consolidado el derecho del País Vasco y de Navarra a tener un régimen tributario diferente al del resto de comunidades de España y no por eso hay que dejar de contar que igual estamos ante un anacronismo histórico que no se sostiene en la actualidad.
Les aseguro que no escribo desde la envidia, ya sea esta sana, mala o mediopensionista. Lo que siento es incomprensión por el modo en el que aceptamos estas situaciones tan extrañas con la naturalidad absurda de quien estaría dispuesto a aceptar que las ballenas son animales de compañía.
Si creemos en la igualdad de todos los españoles recogida en la Constitución, quizás haya que ir pensando en abrir debates sobre estas prerrogativas. Ya sé que es una ingenuidad y que son ganas de soliviantar al personal público, pero si somos honestos, entenderemos que algún día habrá que hablar no sobre cómo se va a pagar el seguro privado de los funcionarios, sino sobre por qué hay que financiárselo con el dinero de todos.
