El Gobierno ha iniciado este jueves una nueva investigación a los pisos turísticos, en este caso a las grandes gestoras que se publicitan como particulares y en realidad son empresas que administran cientos de viviendas de uso turístico. Según cuentan desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que es el impulsor de esta investigación, estas empresas podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas" y en otras infracciones de la ley de consumidores, al presentarse de forma fraudulenta al usuario.
Con "prácticas engañosas", el Ejecutivo se refiere al concepto recogido en la ley de competencia desleal, que establece que cualquier información falsa o que, aun siendo verdadera, "por su contenido o presentación" pueda inducir a "error" a los destinatarios y "alterar su comportamiento económico".
Consumo menciona también el artículo 27 de la misma ley, en el que se recogen ejemplos de prácticas que podrían incurrir en esos comportamientos, como "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario". Es decir, que una empresa se haga pasar por un particular, lo que se conoce como 'falso casero', para ofertar una vivienda turística, lo que le eximiría de una serie de actuaciones y servicios que, como gran gestora, está obligada a acometer.
"Es evidente que la perversión de algunos modelos de negocio de los alojamientos turísticos está cercenando el derecho a la vivienda en España. Y no puede ser que haya unos pocos que se enriquezcan mientras las familias viven al límite", ha subrayado el ministro Pablo Bustinduy en declaraciones a los medios. El titular de Consumo ha aprovechado también para denunciar "que haya instituciones en este país que reconozcan abiertamente que el 90% de los pisos turísticos en su territorio operan ilegalmente y no hagan nada al respecto"; y ha prometido que su ministerio "va a actuar" para asegurar "que ninguna empresa esté por encima de la ley".
Dos investigaciones a los pisos turísticos
La de este jueves es la segunda línea de investigación abierta en este ámbito, desde que en junio la Dirección General del Consumo pusiese en marcha otra enfocada en la publicidad de alojamientos que se anuncian como turísticos, pero que no tienen licencia. El objetivo, incide el departamento dirigido por Bustinduy, es poner el foco en "posibles prácticas irregulares dentro del negocio de los alojamientos turísticos".
Estas dos se añaden a otra línea de investigación en curso desde octubre por el cobro de comisiones irregulares por parte de las grandes inmobiliarias. Consumo busca así sancionar a aquellas agencias que hayan llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, tales como obligar a los usuarios a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento; firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad; o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
