Las posiciones antagónicas entre las dos almas del Gobierno están totalmente enquistadas, por lo que la incertidumbre sobre el futuro de la tributación del salario mínimo amenaza con extenderse. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tiene previsto dar marcha atrás en su decisión de que estos perceptores paguen IRPF, y tampoco la de Trabajo, Yolanda Díaz, piensa dar su brazo a torcer con la suya. Un choque que ya se alarga más de una semana en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado fijar públicamente su posición al respecto.
Aunque las dos vicepresidentas tratan de mostrar sintonía delante de las cámaras, la misma es inexistente en lo que respecta al pago de impuestos de los sueldos mínimos. Fuentes de Hacienda insisten en su "pedagogía" de que el progresismo también es progresividad fiscal y que la única manera de seguir subiendo el sueldo mínimo es que sus perceptores comiencen a pagar IRPF. Sostienen que la subida hasta los 1.184 mensuales lo convierte ya en un salario "digno" y que para prestaciones de subsistencia que no pagan impuestos ya está el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
De hecho, pese a los continuos intentos del Gobierno de destensar la cuerda, en Hacienda reconocen "discrepancias profundas" con Sumar sobre este asunto, en el que se plantan porque, además de suponer un recorte en la recaudación, también la reconocen como una cuestión de "principios". Así lo exponen fuentes del entorno de Montero, que dicen no importarles ganar o perder el debate en la calle, con Sumar o en el Parlamento, porque ensalzan que lo que está en juego es un "recorte al Estado de bienestar". En definitiva, Hacienda insiste en que no dará un paso atrás.
Para que el pulso toque fin por su propia inercia queda alrededor de un mes y medio, que es el tiempo que tiene Montero para decidir si veta o no la iniciativa que Sumar registró en el Congreso para obligarla a rectificar. Hacienda no titubea en planteárselo ante la posibilidad de que esta proposición de ley salga adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos. Sin embargo, si la Mesa —que tendría mayoría de PP y Sumar— logra tumbarlo, al ala socialista del Gobierno no le quedará otra opción que cumplir lo que no deja de ser una ley emanada de las Cortes. Todos son escenarios con los que trabaja el departamento de la vicepresidenta socialista, pese a los cuales se enroca en su postura.
Pero la vehemencia con la que Montero la ha defendido en los últimos días contrasta con la ausencia de un posicionamiento público y claro por parte del jefe de la coalición. Un día después del choque, Sánchez acudió a la sesión de control al Gobierno, marcadísima por la discusión pública en el seno del Gobierno que se había producido el día anterior. Ante la ausencia de Montero —alegando motivos de salud— y con Yolanda Díaz sentada a su izquierda, el presidente se limitó a avalar que hubiese "debate" en la coalición respecto al salario mínimo, al tiempo que camufló su defensa a la tributación en una crítica irónica al PP. "Ahora lo entiendo. Congelaron el salario mínimo para que no tuviera retención del IRPF", espetó a Feijóo.
El presidente se refirió este lunes al asunto, aunque lo hizo a puerta cerrada y con su núcleo más cercano. En la Ejecutiva del PSOE celebrada en la sede socialista de Ferraz, Sánchez cerró filas con Montero asegurando que la decisión estaba ya tomada. Una postura que no trasladó así durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Ante la pregunta directa de Feijóo sobre si la vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del SMI iban a pagar IRPF "o mintió cuando dijo que se iba a enterar por la prensa", Sánchez se limitó a responder lo siguiente: "Hablando de retenciones al IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la Dirección del PP. Eso seguro que no retenía IRPF".
Sumar no se arredra
En la otra orilla del Gobierno, no obstante, tampoco hay ninguna intención de ceder la posición. Pese a que Hacienda insiste en que la decisión de forzar la tributación del salario mínimo está tomada, Sumar insiste en mantener abierto el debate y mantiene la misma estrategia de la última semana: presionar públicamente a Montero para que rectifique con el convencimiento de que el PSOE no tiene de su lado a la opinión pública en este asunto. La posición es firme, aunque este miércoles la vicepresidenta Yolanda Díaz evitó echar más leña al fuego y aseguró que, "por mucho que lo intente", el PP "no va a dividir" al Gobierno.
Sin embargo, el hecho de que Sumar esté escenificando que su discrepancia no va a acabar con el Ejecutivo no implica que Díaz y los suyos piensen renunciar a su principal herramienta de presión contra Hacienda: la proposición de ley que presentaron la semana pasada en el Congreso para forzar a Montero a revertir su decisión. Lejos de ser una iniciativa simbólica, el texto tendrá muchas opciones de salir adelante si finalmente se debate dentro de unas semanas, puesto que tanto el PP como los socios de izquierdas del Gobierno también son partidarios de que los perceptores del salario mínimo no tributen en el IRPF.
Sumar asegura que su prioridad es alcanzar un acuerdo con Hacienda antes de llegar a que se debata y vote en el Congreso su iniciativa o las del PP y Podemos, que han presentado sus propias proposiciones de ley en el mismo sentido. Pero los de Díaz también afirman que, si Montero se cierra en banda a negociar, no les temblará el pulso y llevarán su órdago hasta el final, aunque eso signifique, a través del parlamento, forzar al Gobierno del que forman parte a dar marcha atrás a una decisión ya adoptada. "Nosotros queremos llegar a un acuerdo en el seno del Ejecutivo", pero "nuestra responsabilidad es para con 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo", avisó el martes la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez.
La formación tampoco ve un obstáculo insalvable en la posibilidad de que Hacienda decida vetar su proposición de ley utilizando su prerrogativa de bloquear cualquier iniciativa parlamentaria que suponga una merma de los recursos del Estado. Fuentes de Sumar no descartan utilizar la mayoría que reúnen en la Mesa del Congreso con el PP para levantar ese veto, e insisten: si Montero no se aviene a negociar una solución al conflicto, los de Díaz no se van a arredrar y están dispuestos a torcerle el brazo mediante una votación en la Cámara Baja.
