El calendario para el cierre progresivo de las centrales nucleares en España empieza oficialmente a finales de 2027, con la clausura prevista de uno de los dos núcleos de la central de Almaraz, en Cáceres, la primera de una cadena que terminará en 2035, cuando está previsto que echen el cierre las últimas, Trillo y Valdellós II. Sin embargo, casi tres años antes de la primera fecha, este primer trimestre de este 2025 está marcado en el calendario como uno de los puntos de casi no retorno para Almaraz, porque es el momento en que tomar una decisiones que evitaran que, si en algún momento hay una decisión en contra de su clausura, la central tenga que parar.
Estas decisiones tienen que ver con la contratación de personal de sala de control más allá de 2027 o para la compra de combustible nuclear que, sin no se toman ahora, confirmarán el parón de la central nuclear en 2027, ya sea definitivo o de manera temporal. En el primer caso, porque no se modifique el calendario de cierre del Gobierno, que contempla que la unidad I de Almaraz se clausurará en 2027 y la unidad II, en 2028. Pero es que incluso si hubiera una decisión contraria, por ejemplo, por un cambio de Gobierno con planes distintos sobre la energía nuclear, si ahora no se cierran contratos sobre personal o sobre la compra de combustible Almaraz no podría continuar como si nada más allá de 2027 y tendría que cerrar, al menos hasta que se subsanaran estas cuestiones.
"Imagina que se decide en octubre de 2026 que Almaraz continúa. Como no tenemos un periodo suficiente de gestión de personal y de compra de combustible a partir de noviembre de 27 [para la primera unidad], tendría que quedarse parada durante un tiempo para poder solucionarlo", explican fuentes de Trillo-Almaraz. "Para no tener que parar durante un tiempo después de la fecha puesta como cese de operaciones, la decisión habría que tomarla en este primer trimestre", añaden.
La central nuclear de Almaraz es propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy y hasta su cierre programado de 2027 tiene garantizado el funcionamiento en condiciones de seguridad y también el combustible, en buena medida de procedencia rusa y a pesar de las crecientes dificultades para adquirirlo que la empresa estatal que centraliza las compras de uranio para las centrales españolas, Enusa, ha venido constatando en sus dos últimas memorias anuales, de 2023 y 2024, debido a la guerra de Ucrania. El contrato con el principal proveedor de uranio, la empresa rusa Tenex, expira precisamente en 2027 y, aunque hasta esta fecha el abastecimiento parece asegurado, Enusa no oculta en sus documentos que, aunque esta materia prima no está sometida a sanciones por parte de la UE, "en la práctica" es "altamente difícil recibir el uranio enriquecido de origen ruso". En este escenario, se haría todavía más necesario buscar proveedores alternativos, como ya ha venido haciendo en los últimos años.
El Gobierno no cambia sus planes de cierre
En todo caso, el escenario principal con el que se trabaja en Almaraz es con el que está aprobado y "firmado", que dice que en noviembre de 2027 se apagará la primera unidad de Almaraz y en octubre de 2028, la segunda y que esta será la central nuclear por la que -dejando a un lado la de Santa María de Garoña, que empezó a desmantelarse en 2023- arrancará el cierre progresivo de las siete centrales que ahora mismo funcionan en España.
El relevo de Teresa Ribera a Sara Aagesen al frente de la Vicepresidenta tercera y del Ministerio para la Transición Ecológica no ha modificado estos planes y desde este departamento se insiste en que ni siquiera las empresas propiedades de las centrales nucleares han solicitado prolongar su vida útil. En ese caso, sería necesario hacer nuevas inversiones que las compañías no están dispuestas a afrontar y se requeriría también emprender un largo proceso de autorización, pasando, en primer por el Consejo de Seguridad Nacional. Además, habría que modificar el séptimo Plan de Gestión de Residuos Nucleares y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé que en 2027 empezará el cierre nuclear y una sustitución gradual de esa energía para generar electricidad por parte de las energías renovables, que siguen siendo la apuesta inequívoca del Gobierno para descarbonizar la economía.
El PP y la ola pronuclear en la UE
No hay señales, por tanto, de que el Gobierno no vaya a seguir con sus planes y de que, por el contrario, en 2027 pueda darse la situación de que se haya tomado la decisión de mantener operativa la central nuclear de Almaraz y tenga que parar durante un tiempo por falta de combustible o de personal. Otra cosa es que en este tiempo el Gobierno cambie. En PP insiste en que se debe extenderse la vida de las centrales nucleares e incluso emprender la construcción de otras nuevas. En los últimos meses barones populares se han convertido en estandartes en contra del apagón nuclear, desde Almaraz y capitaneado por la presidenta extremeña, María Guardiola, hasta Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, donde se encuentra la central de Cofrentes, que está previsto que cierre en 2030.
Los populares se alinean de este modo con los nuevos vientos que parecen soplar en Europa, donde la crisis de precios de la energía por la guerra de Ucrania y la carrera para independizarse del gas de Rusia a partir de entonces ha ido amasando en la UE una imagen más favorable a la nuclear, como una energía que tampoco emite CO2 a la atmósfera y es más estable que renovables como la eólica o la fotovoltaica, que dependen de que haya viento o sol hasta que el almacenamiento sea un recurso real.
La nueva Comisión Europea se ha dado 100 días para aprobar un plan en el que su presidenta, Ursula von der Leyen, ha prometido que habrá ayudas para la energía nuclear. Sin embargo, tal y como confirman en este sector, no se beneficiarán las centrales españolas porque estos fondos serán para nuevas instalaciones y minirreactores, en una nueva ola de simpatía europea por la nuclear que, sin embargo, también tiene puntos opacos.
Por ejemplo, la Comisión Europea se muestra cauta para autorizar el proyecto en Polonia para construir seis reactores que entrarían en funcionamiento en 2040 por las ingentes ayudas de Estado que pretender otorgar Varsovia y que podrían suponer una ventaja competitiva. En Bélgica, los renovados planes nucleares de un país tradicionalmente nuclear van camino de costarle caro al Estado, que en 2022 firmó un acuerdo con Engie para prolongar durante una década más una central nuclea mediante una participación pública al 50% que incluye un pago inicial de 15.000 millones para gestionar los residuos nucleares más otros 17.000 ya provisionados y pagar durante 10 años esa electricidad a 85 euros/Mwh, más caro que el coste estimado en España, que aunque incierto, se sitúa entre 50 y 70 euros. Un reciente informe del Institute for Energy Economis and Financial Analysis señala que la construcción de minirreactores que en la UE se ve como una solución a corto plazo para asegurar la energía barata siguen siendo "demasiado caros", lentos en la construcción y es "arriesgado" tenerlos como alternativa para dejar atrás los combustibles fósiles en los próximo 10 o 15 años..
El Gobierno español insiste en que ni las propietarias de las centrales nucleares han pedido a Transición Ecológica mantener la actividad y cunde la idea de que lo que querrían en su lugar sería desentenderse sin más a partir de su fecha de cierre de las instalaciones, sin tener que correr con costes como la llamada 'tasa Enresa' por la gestión de residuos nucleares, cuya subida ha provocado un nuevo choque 'nuclear' entre empresas y el Ministerio.
