El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado tomará declaración al fiscal general del Estado como investigado por un presunto delito de revelación de secretos este mismo miércoles, visto que ha rechazado la petición de aplazar el interrogatorio, interesada por el propio Álvaro García Ortiz. En un auto dictado este lunes, el instructor descarta esta y otras tantas pretensiones del fiscal general, como la de tomar declaración al novio de Isabel Díaz Ayuso o la de volcar el teléfono del jefe de gabinete de la presidenta madrileña.
Tanto García Ortiz como la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, solicitaron aplazar sus comparecencias como investigados, previstas para los días 29 y 30 de este mes. Ambos pidieron al instructor que llevara a cabo "determinadas diligencias" antes de hacerles declarar. El juez ha rechazado todas y cada una de ellas, y por tanto ha desestimado la pretensión de retrasar las dos declaraciones.
Tal y como indica el auto de este lunes, al instructor le sorprende que la defensa de García Ortiz solicite la declaración de González Amador. "Todos los día nos viene enseñando que lo habitual es que el testimonio de quien comparece en el procedimiento como acusación más que favorecer venga a resultar perjudicial para el acusado", reprocha el juez. En todo caso, Hurtado considera que "la posición del querellante" ya queda patente a través de la actuación de su abogado en el procedimiento, de forma que su declaración es "innecesaria" y además supondría "una dilación para la declaración de los investigados".
El juez tampoco acepta volcar el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso. Así lo había reclamado la defensa, señalando que las declaraciones de Rodríguez en sede judicial se contradecían con las de varios periodistas. Aquí el instructor admite que "ha habido controversia" entre los testimonios. "Pero aún así, las diligencias solicitadas no las considero necesarias", apunta de todos modos para razonarlo después. El magistrado ahonda en que Miguel Ángel Rodríguez difundió parte de los mails filtrados, pero lo hizo "con la autorización de la persona a quien concierne el secreto".
Por eso mismo, considera que las acciones del jefe de gabinete no tienen nada que ver "con la actuación de un tercero ajeno a la confidencia quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto". Además, Hurtado subraya que la filtración ha provocado que a Alberto González Amador se le considere "un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva".
Además de descartar estas dos cuestiones, el juez Hurtado ha rechazado por completo citar a varios periodistas por considerarlo "una diligencia impertinente". También descarta "la ratificación y aclaración del informe de la UCO" en el que se analizaba el teléfono intervenido a la fiscal Pilar Rodríguez. El instructor considera que una ratificación del informe "nada aporta" y que la aclaración del mismo correspondería en todo caso al juicio oral.
García Ortiz se juega el cargo este martes
De modo que los próximos pasos de Ángel Hurtado serán interrogar a García Ortiz el miércoles, a Pilar Rodríguez el jueves y al teniente fiscal Diego Villafañe el próximo 5 de febrero. Sin embargo, el fiscal general del Estado afronta una prueba de fuego aún más próxima en el horizonte. Este martes, la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si debe anular su nombramiento como fiscal general como así lo reclama un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Antes de verse inmerso en la revelación de secretos de González Amador, el fiscal general ya tenía algunos frentes abiertos: en diciembre de 2023, el Gobierno decidió renovarle en el cargo, pero lo hizo en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le consideró "no idóneo" para ser fiscal general.
¿Qué llevó al CGPJ a hacer esta consideración, cuando años antes había aceptado el nombramiento de García Ortiz? En el camino, el Tribunal Supremo había dado dos importantes varapalos al fiscal general, anulando los ascensos de la ex fiscal general Dolores Delgado, ejecutados por el Gobierno a propuesta de García Ortiz.
García Ortiz propuso a la que fue su jefa, Dolores Delgado, primero para fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo y después para fiscal de Sala de Memoria Democrática, un cargo de nueva creación. En ambas ocasiones, la propuesta del fiscal general se hizo contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo consideró que al hacer la primera propuesta García Ortiz había incurrido en "desviación de poder".
