El Gobierno daba este martes el primer paso para reformar las normas de dependencia y discapacidad con la aprobación de un anteproyecto de ley que modifica ambos textos de una sola vez.
El objetivo es adaptarlas, en primer lugar, a la reforma del artículo 49 de la Constitución (que eliminó el término disminuido el año pasado) y, en segundo, a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como adaptar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) "al nuevo modelo de cuidados" que el Gobierno promueve desde la pandemia.
"Esta reforma acaba con los recortes del Partido Popular, blinda el sistema de la dependencia y refuerza un modelo de cuidados que fortalece el estado del bienestar", ha resumido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según fuentes del Ejecutivo, actualmente se realiza una aportación al sistema de dependencia de 3.411 millones de euros, que es, según en el propio Ministerio de Derechos Sociales, tres veces superior a la que realizaba el Gobierno del PP en 2014 (1.130 millones de euros).
No obstante, admiten también que la reforma no solucionará a corto plazo los problemas de infrafinanciación. Las listas y los tiempos de espera han mejorado en los últimos tres años tras las inyecciones económicas, pero está lejos de atender a tiempo todas las situaciones de dependencia.
Medidas para agilizar los trámites
La media de tiempos de espera en el sistema de dependencia desde que se pide la valoración hasta que la persona tiene acceso a cualquier prestación es de 334 días. Este es, probablemente, uno de los problemas más graves del sistema, que aunque se ha acortado en 100 días desde 2020, todavía obliga a muchas personas a contratar recursos privados e incluso hay quienes fallecen sin haber tenido acceso a las prestaciones.
33% de discapacidad a las personas dependientes
En primer lugar, y para agilizar la burocracia, la reforma concederá a cualquier persona a la que se le haya reconocido oficialmente una situación de dependencia el grado de discapacidad del 33%.
"Todas las personas con dependencia, en el momento que necesitan una persona que les apoye, ya son de facto personas con discapacidad", arguyen en el departamento de Pablo Bustinduy.
Se habilita así una especie de "pasarela" para que de forma automática tengan esa certificación sin necesidad de pasar dos veces por el mismo trámite, con vistas a que el 98,5% de las personas que tienen un grado de dependencia tienen, también, un 33% de discapacidad. No obstante, cualquier persona que quiera acreditar un grado superior de discapacidad sí que deberá pasar por los circuitos habituales para ello.
Procedimiento de urgencia y agilizar la revisión del grado
Con la nueva ley no será necesario ponerse al final de la lista para revisar el grado de dependencia. Se agilizará el procedimiento para revisar el Programa de Atención Individual para que los apoyos se ajusten, de la manera más rápida posible, a la persona.
Además, se creará un procedimiento de urgencia para algunas situaciones de especial vulnerabilidad. "Factores como demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes", avanza el Ministerio.
Medidas de refuerzo
Reforzar la ayuda a domicilio
La ayuda a domicilio se extiende fuera del hogar. De este modo, la prestación, centrada hasta ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas en el día a día, permitirá que los auxiliares puedan acompañar a la persona dependiente al médico o a la compra, lo que, según Derechos Sociales, fomentará la autonomía de las personas.
Prestación por cuidado más allá de los familiares
También hay cambios en la asistencia personal, que dejará de ser solo una prestación económica y se reconoce como un servicio, que, además, podrá prestar cualquier persona del entorno del beneficiario (convivientes, amigos, etc.). El objetivo es equiparar a un amigo o amiga como si fuese un familiar con algún grado de consanguineidad, aunque el titular de la prestación siempre es el usuario.
El servicio de teleasistencia como derecho subjetivo
La reforma recoge que todas las personas en situación de dependencia tendrán derecho a recibir teleasistencia con independencia del resto de prestaciones o servicios. Además, se refuerza la autonomía de las personas, garantizando que permanezcan en aquel entorno que hayan elegido y que, en su caso, la asignación a una residencia o a una vivienda concreta se base en sus preferencias.
En realidad, el Plan de Choque aprobado en 2021 ya consideraba la teleasistencia como un derecho subjetivo y el objetivo era cumplirlo a finales de 2022. Sin embargo, cuatro años después, según datos del Observatorio de Dependencia, solo el 42% de las personas atendidas en sus domicilios cuentan con este servicio.
Más servicios para la accesibilidad
Catálogo de servicios
Respecto a los nuevos servicios, se crea un catálogo de productos de apoyo para la autonomía (sillas de ruedas, camas, etc.), en una especie de "banco público" para que las personas dependientes no tengan que invertir en aquellos objetos que les ayudan a permanecer en su vivienda y evitar así tener que trasladarse a un centro.
Viviendas accesibles para evitar el aislamiento
Con el objetivo de evitar el 'aislamiento' o la 'institucionalización forzosa' la nueva ley contempla medidas de accesibilidad en la vivienda, como la reforma de la ley de propiedad horizontal, que hará obligatorias todas las obras encaminadas a asegurar la accesibilidad, como el ascensor. Además, se facilitará el cauce para que las personas con discapacidad puedan denunciar a la comunidad de propietarios que se nieguen a acometer dichas obras.
Según datos del CERMI, se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas porque sus bloques y/o viviendas tienen problemas de accesibilidad.
Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal
Con el objetivo de garantizar la Accesibilidad Universal, se llevarán a cabo varias medidas, que van desde la eliminación de barreras en servicios públicos hasta el control de recursos como las tarjetas de estacionamiento.
Entre estas medidas, se creará un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará todas las obras de adaptación en los edificios y espacios públicos, como la instalación de rampas para sillas de ruedas o los QR con audiodescripciones.
Más medidas
Viviendas colectivas como alternativa a las residencias
Actualmente, los cuidados solo se pueden prestar en el domicilio o en centros residencias, sin embargo, con la reforma, el Gobierno pretende agregar, entre las opciones, las viviendas con apoyos: o bien donde conviven pocas personas con cuidados integrales o dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos, como el cohousing.
Derechos de las personas cuidadoras no profesionales
La reforma de la ley incluye un apartado específico en el que se enumeran una serie de derechos que hay que garantizar a los cuidadores no profesionales, entre los que se encuentran: recibir apoyo y formación para su bienestar emocional y físico, información sobre las prestaciones disponibles y sobre la calidad del servicio que prestan los diferentes centros y servicios y, finalmente, la adopción de medidas necesarias para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Fin del régimen de incompatibilidades
Una de las mayores demandas del colectivo era la supresión del régimen de incompatibilidades, que desde 2012 impedía recibir dos prestaciones por dependencia al mismo tiempo, como por ejemplo un servicio de día y horas de atención domiciliaria. La norma lo elimina, aunque esta medida depende de las comunidades autónomas, que podrán mantenerla si así lo consideran. También se elimina el plazo de dos años que retrasa el acceso a las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
