El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por delitos electoral y de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su compaña al Parlamento Europeo con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF).
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que existen "indicios sólidos" de responsabilidad penal del diputado de Parlamento Europeo y, por tanto, debe ser el Supremo el órgano judicial competente para continuar la instrucción debido al aforamiento que tiene.
Según recuerda Calama en su resolución, de lo investigado se concluye que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo pagó los 100.000 euros, por lo que cree que el alto tribunal también debe investigarle a él, al apreciar una "íntima conexión" en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, "la cara y cruz de una misma moneda". En el caso de Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales", que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.
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