La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se ha mostrado contraria a que se fije por ley un mínimo de pacientes que puede atender cada enfermera, algo para lo que el Congreso de los Diputados dio los primeros pasos hace unos días con la aprobación de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Ley de Seguridad del Paciente para establecer ratios mínimos en el sector de la enfermería en el sistema sanitario público y privado.
"Esta medida supondría incrementar en un 800% la cantidad de profesionales de enfermería en algunos territorios con amplia despoblación, algo inalcanzable dada la situación de escasez de
personal que afecta a todo el sistema sanitario", ha señalado este jueves Carlos Rus, presidente de ASPE. Según la patronal de la sanidad privada, desde ASPE se viene pidiendo soluciones para abordar el problema de la escasez, que no es exclusiva del sector privado, sino que también afecta de forma significativa a la sanidad pública.
"ASPE también demanda una solución al problema de la escasez de profesionales, pero creemos que esta no es la vía más adecuada. El uso exclusivo de un criterio pacientes/enfermeros es incompleto y ya está superado en la práctica clínica. Deberían considerarse otros criterios
adicionales", ha afirmado Rus. La patronal incide en la importancia de la participación de otros perfiles profesionales, como los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), quienes también desempeñan un papel fundamental en la atención al paciente. "Ignorar esta contribución a lugar a una visión incompleta de la realidad asistencial, ya que hay muchos más profesionales implicados en la seguridad y salud del paciente", ha indicado Rus.
Para ASPE, además, la aplicación de esta ley no tiene en cuenta la diversidad de tipologías de centros sanitarios y las diferencias estructurales y de recursos en la España despoblada. "Los centros situados en zonas rurales enfrentan ya dificultades para cubrir sus plantillas, por lo que imponer ratios uniformes supone un obstáculo aún mayor para su sostenibilidad. Estas diferencias requieren un enfoque flexible y adaptado a la realidad de cada territorio, no una
medida uniforme e inflexible", ha sugerido el presidente de la patronal.
"Conflicto de competencias"
Otro aspecto que ASPE considera fundamental es "el conflicto de competencias que esta norma generaría con las comunidades autónomas, a quienes corresponde la organización de los
recursos sanitarios". Según la organización, las regulaciones autonómicas ya establecen ratios de personal para el funcionamiento de los centros sanitarios, por lo que esta normativa impuesta desde el ámbito
estatal podría ser interpretada como una intromisión en competencias transferidas. "Esta medida extra supone una nueva carga administrativa, imposible de materializar, inconcreta y que carece de sentido y fundamento", ha apuntado Rus.
Además, ASPE destaca que la proposición de ley "no viene acompañada de una memoria económica que explique cómo se financiará el incremento de plantilla, ni se presenta un análisis riguroso de la
situación actual de los profesionales por paciente". Para la patronal la aplicación de esta normativa sin una dotación presupuestaria adecuada pondría "en riesgo la sostenibilidad del sistema", tanto público como privado, y obligaría a las empresas sanitarias a asumir costes insostenibles, con el consiguiente riesgo de cierre de centros.
Así, la patronal aboga por una reforma integral en la organización de los recursos humanos en el sector sanitario. "En este sentido, ASPE defiende la necesidad de empoderar a la enfermería con nuevos roles y competencias, pero también de fortalecer la figura de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Redistribuir funciones entre estos profesionales permitiría liberar a los enfermeros de tareas que no requieren su especialización y optimizaría la organización
asistencial", han aseverado.
