Diez meses después de que entrara en prisión acusada de conspirar para matar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, las primeras imágenes de la hispanovenezolana Rocío San Miguel han salido a la luz, donde se le puede ver recibiendo atención médica por problemas de salud producido durante su encarcelamiento. La abogada y activista sufrió una fractura en el hombro derecho que no fue tratada adecuadamente y le ha derivado en mayores problemas por lo que su defensa ha pedido que sea puesta en libertad para que sea tratada, aunque las autoridades venezolanas no han respondido todavía a dicha demanda.
El abogado, de San Miguel, Juan González Taguaruco, ha explicado que la fractura en el hombro se produjo hace cuatro meses al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis que "no fue debidamente atendida". Pese a que la activista "se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos que eran solicitados a su hija para su administración de manera irregular", no había sido diagnosticada hasta este cinco de diciembre. Según narra González Taguaruco, fue al ver la deformidad en el brazo derecho y el dolor cuando se ordena un estudio de imágenes que concluye con el diagnóstico de una "fractura de consolidación viciosa por la ausencia de tratamiento en glenoides del hombro derecho".
"Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?", ha dicho en su cuenta de redes sociales. El abogada reclama que "la falta de garantías de que tras una intervención de esta naturaleza, con un postoperatorio complicado y la necesaria y posterior rehabilitación, sea debidamente cumplida por la administración penitenciaria".
El encargado de la defensa de San Miguel reclama una medida cautelar por razones humanitarias para que sea atendida. A esta petición se ha sumado la ONG Acceso a la Justicia, que ha pedido también que "sea evaluada por un equipo médico autorizado por su familia para conocer realmente su estado de salud", y exigió su "liberación inmediata".
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de este año en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, y acusada por el Ministerio Público de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Maduro. El fiscal general, Tarek William Saab, dijo en febrero que San Miguel "entregó información" sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países.
La presidenta de Control Ciudadano es una de las 245 mujeres que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos "políticos" en el país, de un total de 1.905, la gran mayoría aprehendidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
