Los abogados del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, han desmentido este miércoles que el mandatario haya huido, tal y como afirma la oposición, y han asegurado que hablaron con él ayer y que está dispuesto a que se le arreste y se le juzgue si los cauces legales son los adecuados.
Las declaracion es de los letrados se producen en un momento en que las autoridades preparan un segundo operativo para intentar arrestar a Yoon, después de que el primero fracasara el viernes por el bloqueo del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) y ante el argumento del presidente y sus seguidores de que la investigación sobre su persona está siendo forzada por el liberal y opositor Partido Democrático (PD) a través de canales ilegales.
A su vez, el equipo legal del presidente surcoreano, al que se investiga por su fallida declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, ha asegurado en rueda de prensa que se reunió con Yoon en su residencia en la noche del martes, y que el mandatario se encuentra ahí actualmente, en contra de las especulaciones sobre su posible fuga.
Uno de sus abogados, Yun Gap-keun, ha insistido en que la defensa de Yoon se sigue negado a acatar una investigación basada en lo que nuevamente ha calificado como una orden de detención "inválida" e "ilegal" contra el presidente, destituido por el Parlamento el 14 de diciembre en respuesta a su proclamación del estado de excepción.
"Lo que está claro es que si la Oficina de Investigación de Casos de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO) solicita la orden [de arresto] a un tribunal del Distrito Oeste de Seúl, que está fuera de jurisdicción, no podemos aceptarla", ha dicho Yun, enfatizando que la potestad para juzgar la supuesta insurrección de Yoon recaen sobre los juzgados del Distrito Central de Seúl, los principales del país.
Las palabras de Yun llegan después de que el CIO obtuviera el martes una prórroga para ejecutar la orden de detención que le brindó una corte de la circunscripción occidental de la capital surcoreana. Los abogados del presidente han insistido además en que la investigación por el supuesto delito de insurrección no compete al CIO, sino a la Fiscalía.
Precisamente, las discrepancias entre la oficina anticorrupción y el ministerio fiscal tienen su origen en los tiempos en los que Yoon Suk-yeol fue fiscal general.
El CIO fue establecido por el anterior Gobierno liberal en 2021 para acotar las competencias en materia de investigación sobre altos cargos públicos de la Fiscalía después de que la investigación que encabezó el propio Yoon sobre el entonces ministro de Justicia concluyera con su dimisión fulminante.
Su sucesora en el cargo estableció entonces el CIO, lo que forzó a su vez la dimisión del hoy presidente, quien tres meses después se postularía como candidato conservador en los comicios de 2022, y propició el escenario actual, marcado por la falta de competencias claras y el profundo resentimiento entre organismos y los dos principales partidos políticos.
