El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha entregado este miércoles en el Tribunal Supremo un bloque de documentos de más de mil folios para tratar de respaldar la declaración que hizo el pasado jueves ante el instructor Leopoldo Puente. Justo el día en que el magistrado ha decidido pedir permiso al Congreso para imputar a Ábalos, entre los documentos entregados hay informes del Tribunal de Cuentas, una auditoría que pretende "desvirtuar" la que realizó el ministro Óscar Puente y también documentación relacionada con el chalet de la Alcaidesa del que Ábalos disfrutó como una supuesta dádiva.
El primer recurso con el que el exministro imputado pretende defender su inocencia son los informes del Tribunal de Cuentas, que analizan los contratos de emergencia que firmaron en la pandemia varias entidades dependientes de Transportes: Adif, Tragsa, Puertos del Estado, Renfe y Correos. Tal y como apunta el escrito, el Tribunal de Cuentas concluyó que esos contratos no contenían "irregularidades esenciales".
En segundo lugar, José Luis Ábalos entrega una auditoría que él mismo ha encargado "al objeto de desvirtuar el informe que se solicitó por el actual ministro de Transportes", Óscar Puente, en febrero de este mismo año. A finales de agosto, Puente presentó los resultados de la auditoría que había encargado, en la que se incriminaba al ministerio de Ábalos en relación a varios contratos realizados con la empresa central de la trama Koldo, Soluciones de Gestión.
Por otro lado, el exsecretario de organización del PSOE presenta varios documentos en referencia al chalet de La Alcaidesa que alquiló a la empresa de un testaferro de Aldama, un inmueble del que podría haber disfrutado gracias a su colaboración en la trama, según investiga el Supremo. El ministro ha entregado el contrato de alquiler con opción a compra de este chalet y varios recibos de pagos que hizo a la empresa propietaria de la casa, Have Got Time SL. En total, se muestra que Ábalos abonó 7.500 euros a esta compañía: 5.000 en concepto de fianza y otros 2.500 por un mes de alojamiento.
El exministro alquiló el inmueble el 1 de julio de 2021, y pagó una primera mensualidad. Sin embargo, y pese a que el contrato tenía una duración de hasta cinco años, Ábalos no volvió a pagar el alquiler. La empresa, investigada también en la causa de los hidrocarburos que instruye el juez Santiago Pedraz, interpuso una demanda de desahucio contra Ábalos. Y, finalmente, en enero de 2020 ambas partes firmaron un acuerdo de resolución del contrato de alquiler por el cual la compañía se quedaría con los 5.000 euros de fianza.
Además de entregar estos papeles, el exministro Ábalos incluye otra documentación "al objeto de desvirtuar la información que ha aportado" a la causa el comisionista Víctor de Aldama. Son, entre otros escritos, informes de constructoras de Obra Civil y Adif, y algunos artículos de prensa.
El exministro añade también las denuncias que presentó ante la Fiscalía General del Estado y el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid en el marco de la causa, en las que se decía víctima de un delito de revelación de secretos. Acto seguido incluye las preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno que ha registrado y que versan sobre "la investigación extrajudicial a la que ha sido sometido". Y un documento en el que subraya las contradicciones de Víctor de Aldama en su declaración ante la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre.
Finalmente, el bloque presentado por Ábalos ha entregado las resoluciones judiciales relacionadas con la visita de la vicepresidenta de venezuela, Delcy Rodríguez, a Madrid en enero de 2020; y también varias comparecencias de las comisiones de investigación que se han celebrado tanto en el Senado como en el Congreso para abordar los presuntos casos de corrupción de la pandemia.
