La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este martes en el Senado que la empresa de hidrocarburos propiedad de Víctor de Aldama, el comisionista en el centro de la trama Koldo de corrupción en torno al Ministerio de Transportes en tiempos de José Luis Ábalos, siguió un proceso para obtener licencia para operar de su Ministerio según los cauces establecidos, hasta que se comprobó que "cumplía todos y cada uno de los criterios", y ha negado el trato de favor que denuncia el PP de las declaraciones de los imputados sobre pago de sobornos y la compra de un chalet para Ábalos afirmando que tardó en tener autorización 600 días, cuando lo normal es que el trámite tome 200.
"En el caso de Villafuel, tardó más de 600 días, hasta que cumplió todos y cada uno criterios que tenia que cumplir no fue dado de alta. Le recuerdo que la media de tramitación de estos expedientes en los últimos cinco años ha sido de 200 días", ha respondido Aagesen al senador del PP Miguel Ángel Castellón en su estreno en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde ya hace una semanas los populares intentaron implicar a su antecesora, Teresa Ribera, en la red de influencias en torno a la trama Koldo. En este caso, debido a que la empresa de hidrocarburos con la que Aldama habría cometido presuntamente el fraude del IVA y por lo que permaneció más de un mes en prisión preventiva -hasta el día siguiente a declarar voluntariamente por el caso Koldo- tuvo que obtener autorización por parte de la CNMC después de que el Ministerio de Transición Ecológica que ahora dirige Aagesen validara que cumple los requisitos. En concreto, según ha recordado este martes Castellón, de una dirección general adscrita a la Secretaría de Estado de Energía de la que ella era titular hasta la semana pasada.
Si Ribera, el Ministerio y el PSOE se negaron a comentar las acusaciones del PP el mes pasado, Aagesen ha salido al paso este martes, asegurando que Villafuel cumplía todos los criterios para operar y que así se constató en un proceso de autorización que se prolongó el triple de lo que se suele tardar. "En ningún caso, en ningún caso, ha sido un expediente que ha ido particularmente rápido. Más bien, hasta que no tuvimos claro que todos los criterios estaban reunidos no consiguió su integración en la lista de operadores" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha dicho.
Los "sobornos" de Aldama y el chalet para Ábalos
El PP sostiene que hay preguntas "sin respuesta" en torno a cómo consiguió Villafuel la licencia para operar. Según ha enumerado su senador Castellón, se basa en lo declarado por Aldama ante el juez de que la autorización "costaba 600.000 euros de sobornos" o acerca de la compra de un chalet para Ábalos en Cádiz, presuntamente en pago por "interceder por la licencia", según ha declarado ante el juez el conseguidor de la trama. El senador también ha añadido la declaración de la empresaria Carmen Panos, que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Madrid.
"¿Quién abrió las puertas a la trama corrupta del Ministerio", ha preguntado Castellón a Aagesen, antes de subrayar "un detalle no menor" con el que el PP sugiere que la trama extendió sus tentáculos en Transición Ecológica incluso después del cese de Ábalos, dado que la autorización a la empresa de Aldama para operar en el mercado de los hidrocarburos llegó un año después de su salida del Gobierno. "Parece que la influencia de la trama seguía siendo efectiva", ha indicado.
El fraude presuntamente cometido por la empresa del empresario centro de la trama Koldo tiene que ver con la no declaración del IVA en su actividad. Como ha sucedido en otras ocasiones y trata de evitar el Ministerio de Hacienda, la denominada "mafia del diésel" consiste en empresas que operan comprando y vendiendo hidrocarburos a precio mucho más bajo al del mercado en una etapa en la que no tienen que declarar el IVA y en la que obtienen grandes beneficios porque ofrece mejores condiciones, por ejemplo, las gasolineras. El fraude viene porque se esfuman en el momento de tener que declarar este impuesto.
Inahibilitados 13 operadores pero no Villafuel
Aagesen ha separado los problemas con la justicia de Villafuel con la gestión de su Ministerio y ha asegurado que "estamos haciendo todo lo posible para reducir cualquier práctica fraudulenta", que en su ámbito suele tener que ver con el incumplimiento de condiciones ambientales, con la mezcla irregular de carburantes o con la no contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética al que estas empresas están obligadas.
Según ha dicho, la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2023 "mejoró los controles", "clarificando" la figura del operador petrolero y con "medidas más más exigentes para garantizar que se cumplen las medidas desde el punto de vista del medio ambiente, la mezcla de hidrocarburos o los compromiso con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética".
"Esta regulación que hemos puesto en marcha ha conseguido de momento inhabilitar a 13 operadores", ha afirmado la vicepresidenta, que no ha incluido en ese grupo a la empresa de Aldama, a la que se dio la licencia porque cumplía los requisitos para ello. "Cualquier operador tiene que cumplir con toda la tramitación de su actividad, hasta que consiguen darse de alta en el listado de operadores de CNMC", ha reiterado.
