El decreto que obliga a dar 42 datos personales al registrarse en un hotel o alquilar un coche sobrevalora la capacidad de la administración y de las empresas para gestionar información... y para protegerla.

Y sobrevalora a los propios ciudadanos que han de dar esos datos: nadie tiene 42 datos sobre sí misma/o. Y si los tiene no los sabe (ni quiere saberlos). Menos mal que no exigen el ADN. El primer efecto de este decreto es que nuestro ego se expanda un poco más: ¡42 datos! El segundo efecto es que somos relevantes para el gobierno. ¡Nuestros movimientos importan!

Esta demanda de datos es gratis: por ahora no hemos de pagar porque nos succionen la info, pero es una vía para que en cualquier momento este u otro gobierno nos extraiga automáticamente unos euros: igual que pasar la ITV, renovar el carné, etc. La regla infalible es: cualquier cosa que haga el gobierno antes o después la pagarás tú.

La aplicación informática ya petó el primer día. Y los conserjes, también. El gobierno sostiene que el Real Decreto 933/2021 es para aumentar la seguridad, así que esos gigas de datos van a la policía, y deben conservarse tres meses. Por supuesto, hay multas: ningún decreto podría prosperar sin una buena ración de sanciones. Multas leves, de 100 a 600 euros. Y graves, hasta 30.000 €.

La aplicación informática ya petó el primer día. Y los conserjes, también

Ahora se entiende la fiebre de las grandes corporaciones por abrir centros de datos en España: en esos datacenters estará archivado todo el que se mueva, sus 42 datos extra --aparte los que ya tienen las innumerables administraciones-- pasarán el invierno bien calentitos. También tiene un componente patriótico, pues al estar todos juntitos, cada cual con sus 42 nuevos datos, aumentará la cohesión. El roce de los bits hace el cariño.

Otra consecuencia del decreto es que no harán falta tantos pisos. Nuestro doble estadístico (que es nuestro auténtico yo) vivirá en los centros de datos. Se soluciona así el problema de la vivienda: según el pensamiento mágico gubernamental, que es estadístico, todos estaremos recogidos en la memoria oficial. Los cuerpos son lo de menos porque Hacienda cobra de los datos. Todo son apuntes contables en una máquina, así que la parte carnal no importa.

Habrá que ver también si estos 42 ítems se van a combinar con los del sistema sanitario, que se divide en 17 entes autonómicos incompatibles y las diversas mufaces, mutuas, etc, privadas, etc.

Así pues el gobierno se anticipa una vez más a la Unión Europea y países del entorno y consigue un mayor control de la población, que se sentirá mucho más vigilada y protegida. Es cierto que hay que pulir algunos flecos. Por ejemplo, habría que saber qué policía manejará esos datos: la patriótica, la sucesora del comando de aquel Villarejo y sus comisarios compinches, la de los guardias que empapelan su piso con millones, las autonómicas diversas, etc. Y si tendrán acceso a este kit de 42 ítems los organismos más o menos susceptibles de reenviarlos, filtrarlos, etc. Uno de esos datos se refiere a qué relación existe entre los viajeros, si son de familia, de amistad, etc. La seguridad puede lindar con el cotilleo.

Si los ciberdelincuentes acceden a estas minas de datos que contienen la vida completa de cada cual, ¿quién pagará el rescate? ¿El gobierno, los hoteles, los propios ciudadanos, la Unión Europea?

De momento el gobierno no cobrará al viajero por extirparle sus datos, lo que quiere decir que el propio gobierno sabe el valor de los mismos. ¿Cómo sabemos que no los va a vender a Google, Facebook/Meta, etc? La confianza, según el CIS (del que tampoco nos fiamos) está bajo cero.

Lo mínimo sería que el gobierno pagara a los ciudadanos por donar los datos (que son el oro de hoy, según los expertos). Por los datos y por el tiempo que se pierde dándolos. Lo que podría pasar es que alguien pusiera una demanda y que con el tiempo el gobierno, que sería otro o el mismo, tuviera que devolver las multas, como aquellas del confinamiento o las de Madrid referentes a las emisiones de los coches.

El Estado necesita generar burocracia porque la burocracia justifica al Estado. Si no, ¿qué haría toda esa gente?