Año nuevo, vida igual, al menos en lo relativo a la tempestuosa relación del Gobierno con sus socios parlamentarios. El Congreso celebrará el próximo miércoles su primera sesión plenaria de 2025, y lo hará de manera extraordinaria para —además de aprobar el suplicatorio que permitirá al Tribunal Supremo imputar al exministro José Luis Ábalos— votar la convalidación de tres decretos de profundo calado. Y esas votaciones volverán a evidenciar la fragilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo en la Cámara Baja, puesto que uno de ellos será aprobado tan solo gracias al voto favorable del PP y otro, previsiblemente, caerá ante la incapacidad de la Moncloa de poner de acuerdo a sus socios de izquierdas con los de derechas.
Las normas que se someterán a debate en el Congreso serán las que el Gobierno aprobó el día 23 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año: la nueva extensión del decreto anticrisis —que, entre otras medidas, incluye los descuentos en el transporte público o la prohibición de cortar los suministros básicos—; la nueva reforma de las pensiones para incentivar la extensión de la vida laboral más allá de los 65 años; y la prórroga durante un año del gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
De esos decretos, tan solo el primero tenía visos de salir adelante con la mayoría progresista y nacionalista que sostiene al Ejecutivo, aunque la nueva crisis que abrió el viernes pasado Junts ha abierto un escenario impensable hasta hace unos días: que ese texto, repleto de ayudas sociales, pudiera caer. El PP no se ha pronunciado aún sobre cuál será el sentido de su voto, aunque las comunidades autónomas gobernadas por los populares (la mayoría) se benefician de muchas de las medidas que contiene el decreto, como las rebajas del precio del transporte público.
Y es que dicho paquete extiende hasta el próximo mes de julio en los mismos términos que hasta ahora los descuentos de, como mínimo, el 50% en el transporte público dependiente de las comunidades, así como la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes, una gratuidad que se sustituirá en la segunda mitad del año por un sistema de descuentos en los abonos en función de la edad. Además, el decreto incluye ayudas para los ayuntamientos que reduzcan a la mitad, durante todo el año 2025, los precios de sus servicios de alquiler de bicicletas urbanas.
En la votación de los otros dos textos también hay problemas. La tercera pata de la reforma de las pensiones, la que permitirá que quienes sigan trabajando más allá de los 67 años puedan percibir simultáneamente una parte de su pensión, saldrá adelante previsiblemente con un apoyo aplastante del Congreso, ya que el PP anunció hace unos días que la apoyará porque comparte su contenido. No obstante, ese rodillo parlamentario que reunirán los dos grandes partidos (junto a Sumar) camuflará un nuevo enfrentamiento del Gobierno con sus socios de izquierdas, en particular con EH Bildu, Podemos y BNG, que rechazan la iniciativa.
En resumidas cuentas, esas tres formaciones consideran que el modelo que impulsa el Gobierno empuja a las personas con ingresos más bajos a alargar su edad de jubilación en lugar de apostar por garantizarles una pensión digna que no sea necesario complementar con ingresos del trabajo. Fuentes de ERC, por el contrario, confirman que finalmente "no se opondrán" a convalidar la reforma en el Congreso, a pesar de que los republicanos se mostraron muy críticos con el texto cuando se cerró su redacción final. La formación justifica su decisión asegurando que la norma incluye algunos avances, como un nuevo procedimiento para adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones penosas o peligrosas.
Mucho más difícil lo tiene el Gobierno para sacar adelante el decreto de prórroga del impuesto a las empresas energéticas, en parte porque ni siquiera ha invertido demasiados esfuerzos en negociarlo. Desde hace semanas, PNV y Junts han rechazado taxativamente aprobar cualquier nuevo gravamen a estas compañías y, de hecho, ambas formaciones rechazaron acudir a las dos reuniones que mantuvo el Ministerio de Hacienda con sus socios a finales del año pasado para intentar pactar a instancias de sus aliados de izquierdas un texto conjunto que convenciera a las formaciones conservadoras.
Además, si había una ínfima posibilidad, Carles Puigdemont ya la dinamitó el pasado viernes al suspender cualquier negociación con el PSOE, ya sea para aprobar los Presupuestos como cualquier decreto que requiera de su apoyo en la Cámara Baja. "Si el PSOE nos propone hablar mañana de Presupuestos, diremos que no. Si propone que convalidemos un decreto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, diremos que no", sentenció el líder de Junts tras una reunión con su cúpula en Bruselas.
Desde Moncloa intentan salvar los muebles y rebajar el órdago. Piden a Puigdemont no romper el diálogo al tiempo que garantizan "acuerdo, trabajo y esfuerzo" para acercar posturas y no perder así unos 7 votos que son totalmente imprescindibles para la estabilidad del resto de la legislatura. Sin embargo, desde Junts solo apoyarán aquellas cuestiones que interesen para su formación o "a Cataluña". "No estamos en el no a todo, pero que no nos inviten a negociar a cuestiones que les interesan al Gobierno y no a Cataluña: hablamos de Presupuestos, de decretos que ayudaban al Gobierno a salir del paso", precisó el líder independentista el pasado viernes.
Habida cuenta de esta situación, que el Ejecutivo aprobase a finales de diciembre este decreto sabiendo que que, con toda probabilidad, sería derribado por el Congreso en enero se explica tan solo por su fragilidad parlamentaria y por el encaje de bolillos que se vio obligado a hacer hace unas semanas para sacar adelante en el Congreso su descafeinada reforma fiscal. La extensión del gravamen a las energéticas fue la condición que pusieron ERC, EH Bildu y BNG para apoyar esta reforma fiscal, y Podemos fue más allá y, además, exigió garantías del Gobierno de que Junts no se opondría a extender el impuesto. Por ello, los morados aseguran ahora sentirse engañados por el Ejecutivo, lo cual ha tensado la ya tirante relación entre ambos.
