El acto de apertura del año judicial que se inaugura este jueves tendrá un sabor agridulce. Tras más de cinco años de anómalo bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el acto solemne contará con un CGPJ renovado y la recién nombrada presidenta del Consejo y el Tribunal Supremo dará prueba de ello con un discurso. Pero esta victoria se verá empañada por las múltiples tensiones que rodean el Poder Judicial: la aplicación de la amnistía; los ataques de políticos a jueces; el revuelo del caso Koldo y la investigación a Begoña Gómez; y la posible imputación que se cierne sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Normalidad en el CGPJ tras más de cinco años
Durante los últimos cinco cursos judiciales, este acto inaugural ha estado marcado por la anomalía. Entre 2019 y 2022, el presidente en funciones del CGPJ y el Supremo, Carlos Lesmes, se encargó de pronunciar el discurso inaugural. Año tras año, sus palabras se cargaron de pesimismo por un bloqueo que parecía crónico. El culmen llegó en la apertura de 2022, cuando Lemes dejó caer su inminente dimisión, que llegaría semanas más tarde.
El año pasado, el encargado de presentar el nuevo curso fue el hasta ahora presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, que hoy ha entregado a Isabel Perelló el collar de la Justicia como "símbolo de la más alta magistratura". El nombramiento de Perelló ha sido sorpresivo y costoso. A los vocales les ha tomado más de un mes consensuar una propuesta para la Presidencia del Consejo y el Supremo.
La elegida ha sido Perelló, que no estaba incluida en el listado inicial de siete candidatos que habían pactado los vocales. Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo para aupar a ninguno de los siete, el Pleno ha escogido a esta magistrada que ingresó en el Tribunal Supremo en 2009. Ambos sectores del Consejo han mostrado satisfacción por la elección de esta especialista en derecho contencioso-administrativo a la que califican de "neutral", "independiente" y "férrea defensora de la independencia del Tribunal Supremo". Este jueves ofrecerá su primer discurso como presidenta.
La difícil situación de García Ortiz
En frente de Perelló, escucharán su discurso el fiscal general del Estado y los magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir en las próximas semanas si imputan a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Si finalmente lo imputan, el fiscal general protagonizará una situación inédita en nuestra democracia.
El posible delito lo habría cometido al ordenar la difusión de una nota de prensa que narraba con detalle la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental.
García Ortiz ha admitido públicamente que fue él quien ordenó la difusión de esta nota, e incluso solicitó al instructor que elevara la causa al Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir que reconozca la comisión de un delito. A su juicio, la emisión de la nota no tiene consecuencias penales, fue más bien el paso lógico para "poner fin a un bulo".
La nota se emitió tras filtrarse unas informaciones según las que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido al novio de Isabel Díaz Ayuso un acuerdo económico para librar una eventual pena de prisión. La Fiscalía mantiene que, como rezaba aquella nota de prensa, fue el abogado de Alberto González Amador quien trasladó aquella oferta. Al tratarse de un cargo aforado, García Ortiz solo puede ser investigado por la Sala Segunda del Supremo.
La amnistía incierta, un año después
Durante el acto de apertura del curso judicial 2023, las conversaciones informales en los pasillos y salones del Supremo giraban casi exclusivamente en torno a la amnistía. Nada se sabía por aquel entonces de una norma que ahora está aprobada, pero que los tribunales no han aplicado según lo esperado por el legislador. Este jueves, la amnistía seguirá ocupando un lugar central para el Tribunal Supremo.
El 1 de julio, el alto tribunal determinó que la malversación para la financiación del referéndum del 1-O no es amnistiable, descartando así otorgar la gracia a Puigdemont y permitir que regrese a España sin exponerse a ser detenido. De ahí la huida del expresident tras acudir a dar un mitin a Barcelona en agosto. En el mismo auto, el tribunal acordó promover "una cuestión de inconstitucionalidad respecto del delito de desobediencia", por el que se condenó a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.
El abogado de Carles Puigdemont recurrió el auto del Tribunal Supremo y, ante la falta de respuesta, se querelló contra el instructor del procés, Pablo Llarena, por "la desatención y el retraso injustificado y reiterado" en la tramitación de los recursos impuestos.
Caso Koldo, Begoña Gómez y el pulso a los jueces
Otro asunto que preocupa al Poder Judicial con la llegada de este curso judicial son los ataques a los jueces y el cuestionamiento político de su labor, acrecentado en los últimos meses con el uso recurrente de términos como lawfare. Si el pacto de investidura resultante del 23-J puso al Poder Judicial en el centro de la discusión política, la entrada de 2024 reforzó ese protagonismo con la apertura del caso Koldo y la investigación a Begoña Gómez. Una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia se cobró la cabeza de José Luis Ábalos, máximo responsable del Ministerio de Transportes al que se considera el epicentro de la corruptela.
A día de hoy continúan activas las dos comisiones de investigación que crearon el PP en el Senado y el PSOE en el Congreso para investigar la corrupción durante la pandemia. El juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó en junio la avocación de la causa a la Fiscalía Europea y el Supremo dictaminó que la Audiencia es el órgano competente para hacerse cargo de la investigación. En aquel auto, el alto tribunal descartó indicios de malversación, pero apreció posible cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Mientras tanto, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se desarrolla la investigación a Begoña Gómez por sus relaciones con el holding Globalia, su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. La apertura de estas diligencias llevó a Pedro Sánchez a tomarse cinco días de reflexión sobre su continuidad al frente de la Presidencia del Gobierno.
No solo se quedó, sino que se ha querellado contra el juez por prevaricación tras ser citado a declarar como testigo. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha registrado la querella y ha encargado al magistrado Francisco José Goyena que valore su admisión a trámite.
