El sector de la energía eólica espera "como agua de mayo" a que el Gobierno dé por fin luz verde a la regulación que les permitirá empezar a generar electricidad en otras aguas, las de los mares que rodean España y que siguen pendientes del decreto que debe poner las primeras bases para la implantación de eólica marina. Este 2024 estaba llamado a ser el año definitivo para el arranque de una actividad que avanza en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Dinamarca, pero que aquí sigue a la espera de unas normas que no terminan de aprobarse. Debido a esta demora, ya ha habido multinacionales que han cambiado sus planes de invertir en eólica marina en España y se han movido a otros países y promotores y eléctricas españolas esperan entre la impaciencia y la planificación a que el Gobierno detalle una actividad de la que se espera también una "reconversión" en astilleros de Navantia en A Coruña y Cádiz.
En febrero del año pasado, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó los nuevos planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) que incluían las previsiones de repartir la instalación de aerogeneradores flotantes en una superficie total de 5.000 kilómetros cuadrados situados a lo largo de los 10.000 kilómetros de costa. Convivirán con otras actividades, como la pesca, y se ubicarán en 19 zonas, sobre todo en Galicia, Canarias, pero también Andalucía, Baleares y Cataluña, para generar hasta 3.000 megavatios/hora de electricidad en 2030.
Después de años fraguándose estos planes para la iniciación española en la eólica marina, debe seguirle una regulación, un decreto ley y órdenes ministeriales específicas, para determinar, por ejemplo, dónde y de qué manera se deben hacer las subastas, si se empezará por Canarias, la comunidad más entusiasta, o si se habrá en varias a la vez, también Galicia, donde más se prevé aprovechar el viento para producir electricidad.
Sin embargo, nada de esto está aprobado todavía y el sector duda de que si el Gobierno lo aprueba el primer decreto este mes de septiembre será muy difícil realizar subastas el año que viene, que antes deberán superar además la negociación con cada uno de los territorios frente a cuyas costas se vayan a instalar los aerogeneradores marinos. Entre ellos, los pescadores gallegos y asturianos se muestran especialmente duros.
De momento, todo sigue en stand by en el Ministerio para la Transición Ecológica, que políticamente lleva meses bajo mínimos, a la espera del relevo que debe producirse cuando Teresa Ribera deje el Gobierno y se convierta en comisaria europea. Sin embargo, a nivel técnico los trabajos han terminado. "Creemos que es inminente debería estar este mes de septiembre porque no le falta ya ningún ajuste técnico. Lo que nos dicen es que el documento está ya cerrado", explican fuentes del sector eólico, que ya solo esperan una decisión de la comisión delegada de asuntos económicos del Gobierno y que los secretarios de Estado y subsecretarios terminen de agendarlo para el Consejo de Ministros, algo que no sucederá de cada al del martes que viene.
Inversiones a la espera y de salida
La consecuencia de que el Gobierno no termine de aprobar la regulación de eólica marina es un sector cada vez más impaciente, promotores que, en el caso de las multinacionales, empiezan a dejar España por otros países con más certidumbres en este sector y compañías eléctricas a la espera mientras invierten en otros países.
"Necesitamos este decreto como agua de mayo", dicen en el sector eólico, donde el mes pasado la compañía noruega Equinor anunció su decisión de abandonar España y la alianza que tenía con Naturgy para explorar oportunidades de eólica marina como un parque de 216 MW en las costas de Canarias. La compañía también ha dejado sus proyectos en Portugal y Vietnam con el argumento de ahorrar costes. Esta decisión dejo, de momento, a la energética española sin socio para la eólica marina, que de momento es uno de los elementos que Naturgy tendrá en cuenta, también en función del estado de la esperada regulación en España, en el nuevo Plan Estratégico que prevé aprobar a final de año.
En febrero, otra compañía, Orsted, procedente de Dinamarca -país líder en eólica marina- también rompió la alianza que tenía con Repsol y en otros mercados de eólica marina como Noruega, Portugal y Japón para centrarse en Estados Unidos y sanear una situación financiera que le ha llevado a reducir costes de explotación y hasta 800 empleos en todo el mundo. En este caso, la petrolera española ha encontrado rápidamente otro socio y en julio firmó con EDP Renewables un acuerdo de exclusividad para cooperar en futuras licitaciones de eólica marina en España y Portugal y prevé invertir entre 3.000 y 4.000 millones hasta 2027 e instalar hasta 10.000 MW, de los que la mitad estarán en la península ibérica.
También a falta de un marco legal en España, Iberdrola lleva años entrando en en los mercados de la eólica marina de otros países. En cooperación con otras compañías o a través de filiales ya desarrolla, construye o explota parques en Estados Unidos, Brasil, Australia, Suecia, Francia, Alemania y Reino Unido, donde la semana pasada anunció que se ha adjudicado dos nuevos contratos para generar con eólica marina electricidad suficiente como para abastecer más de un millón de hogares.
Igual que las multinacionales vienen y se van de España en función de sus expectativas aquí y en otros países y de sus situaciones financieras, en el caso de las españolas, la espera para saber con qué criterios y empezando por qué zonas se podrá empezar a poner aerogeneradores flotantes hace que haya empresas que buscan mercados fuera como Iberdrola y otras que, como sucede con Naturgy, no se sienten tan presionadas porque tienen otras líneas de negocio. El problema, a ojos del sector, es para promotores más pequeños que ni tienen otros negocios en los que concentrarse entretanto ni posibilidad de buscarlo en el exterior.
Reconversión industrial por la eólica marina
Por otra parte, la falta de regulación tiene también consecuencias en el la industria. Se espera un "boom" por la eólica marina en un sector en el que los desarrollos y la construcción se realizan cerca de donde van a instalarse después y también permanece a la espera, y con ello miles de empleos, creación de industrias e incluso procesos de reconversión de astilleros gallegos y gaditanos.
La Asociación Eólica Española (AEE) estima que entre 2025 y 2050 la eólica marina tendrá un impacto en el PIB de casi 50.000 millones, de los que más de 40.000 serían contribución directa de los agentes que desarrollan actividad en el sector, donde hay apetito de cientos de empresas de servicios, con experiencia en fabricación, de equipos y materiales y de Ingeniería, que se prevé que requerirán también una gran cantidad de mano de obra, desde soldadores y pintores hasta jefes de obra o expertos medioambientales.
Navantia, empresa pública hasta ahora referente en el diseño y la construcción de buques militares y civiles de alta tecnología, ya hace preparativos para orientarse también a la construcción de aerogeneradores flotantes, a través de Navantia Seanergies, su filial para las energías verdes. Para ello, tiene previsto invertir 50 millones hasta 2030 para adaptar instalaciones en los astilleros de Fene (A Coruña) y Puerto Real (Bahía de Cádiz). En el caso del astillero gallego, las expectativas sobre la eólica marina ha mantenido una media de 500 empleos locales al mes, con picos de hasta 1.000, que podrían aumentar cuando sea una realidad.
