Venezuela celebra este viernes la toma de posesión del nuevo presidente para el período 2025-2031. Oficialmente será investido, otra vez, Nicolás Maduro, pero el opositor Edmundo González Urrutia insiste en que también jurará como jefe de Estado. Mientras el Gobierno venezolano denuncia planes "terroristas", González, quien ha estado exiliado en España desde septiembre, promete regresar al país para asumir su mandato.
"Yo debo asumir el rol de comandante en Jefe", declaró González Urrutia en un video difundido el domingo, en el cual instó a los militares a "romper" con la actual cúpula militar y ser "garantía de la soberanía y el respeto a la voluntad popular". El fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han advertido al opositor que de volver al país será arrestado de inmediato, informa Efe.
En los últimos días, González ha estado de gira por aquellos países americanos que han cuestionado la transparencia de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio y que denuncian fraude en la reelección de Maduro. La oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que fue su candidato quien ganó. Para probarlo dice tener el 85,18% de las actas que recogió el día de las elecciones gracias a testigos y miembros de mesa.
Recompensa de 100.000 dólares
¿Entrará González Urrutia en Venezuela? Y si es así, ¿tomará posesión aunque no sea "oficialmente"? Nueve expresidentes latinoamericanos podrían intentar acompañarle en su aspiración de jurar como presidente el próximo viernes. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, los ha declarado personas non gratas y ha pedido que sean tratados como una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país.
En un acuerdo aprobado por unanimidad este martes, el Parlamento ha vetado a los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica).
En respuesta a la gira de González, la policía venezolana ha anunciado una recompensa de 100.000 dólares a quien aporte información que permita la captura del antichavista. El líder opositor denunció este martes la detención ilegal de su yerno, Rafael Tudares.
Seguridad reforzada en Caracas
Las actuales autoridades venezolanas se refieren a las intenciones de González de regresar, pero también a presuntas amenazas terroristas, para justificar un gran refuerzo de la seguridad de cara a la ceremonia del viernes. El despliegue fue anunciado el 2 de diciembre por el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la Contrainteligencia Militar.
De momento, como consecuencia han sido detenidos siete extranjeros a los que califican de "mercenarios". Les acusan de planear, según afirmó Nicolás Maduro, acciones terroristas antes de la toma de posesión presidencial.
El líder chavista aseguró que este grupo se suma a los 125 ciudadanos de distintas nacionalidades detenidos en noviembre y diciembre por su presunta vinculación con "planes terroristas", y que relaciona con el antichavismo. Asegura que estos "mercenarios" iban a atentar contra Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos.
Impedir manifestaciones antichavistas
Pero el despliegue de seguridad también pretende impedir manifestaciones antigubernamentales. El domingo, María Corina Machado llamó a los venezolanos a salir a protestar el día 9 dentro y fuera del país. "Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás", afirmó. La líder de Vente Venezuela (VV), a quien el régimen no permitió ser la candidata en las presidenciales de julio, prometió salir de su clandestinidad para participar en las movilizaciones.
Maduro también ha activado los "órganos de dirección integral" (Odis) que según él combinarán el poder político, las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, con la misión de "defender la paz" del país en los días previos al 10 de enero. El resultado es que la presencia policial y militar se ha visto reforzada en los últimos días.
En Caracas, la céntrica avenida Urdaneta, que conduce al Palacio presidencial de Miraflores, permanece cortada al tráfico desde hace días. En los alrededores del Palacio Federal Legislativo, donde tendrá lugar la posesión de Maduro, la seguridad también ha aumentado, mientras decenas de uniformados recorren en motos y patrullas las calles de la ciudad.
Lo mismo ocurre en el Metro de Caracas y en las autopistas que conducen a la capital, según informa la BBC de fuentes sobre el terreno. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan) asegura que hay en las calles 1.200 uniformados más de lo habitual porque "el país está amenazado".
"El gobierno y los militares están en control de la situación. No creo que pase mayor cosa", aseguró al medio británico un exvicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, antes cercano al oficialismo.
Detienen al excandidato Enrique Márquez
Ha habido más detenciones de opositores. El excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, fue detenido este martes por agentes de seguridad del Estado, según denunció la formación antichavista Voluntad Popular. Esta organización califica el hecho como un "secuestro" y responsabiliza al Gobierno de Maduro, al que acusa de llevar a cabo una "ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos".
Márquez, también exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.
María Corina Machado también ha denunciado la detención de seis activistas políticos opositores, cinco de ellos del estado Trujillo (oeste) y uno de Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).
