El Gobierno vuelve a poner encima de la mesa una de las negociaciones más complicadas, la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No es la primera vez que lo intenta este año ni muchísimo menos esta legislatura. En esta ocasión, Moncloa aprovecha el impulso del deshielo con Junts por el acuerdo del nuevo decreto ómnibus para emprender las negociaciones presupuestarias, que requieren poner de acuerdo a sus socios de izquierda y de derecha, pero los de Carles Puigdemont ya fijan sus condiciones: "Es importante que se cierren las carpetas pendientes antes de abrir unas nuevas".
Estas "carpetas" pendientes entrañan cuestiones como el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña, la tramitación de un debate para someter a Pedro Sánchez a una cuestión de confianza, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la reunión entre Sánchez y Puigdemont fuera de España o el margen de gasto que tendrán las comunidades. De las mencionadas, las dos primeras parecen ir más avanzadas que el resto, pero todas ellas plantean obstáculos en una carrera que no deberían alargarse más allá de verano, puesto que los Presupuestos a negociar son los de que este mismo año y el límite temporal que establece la Constitución ya se ha incumplido ampliamente.
Lo que sí parece diferenciar este nuevo intento de negociación con los pasados es que Moncloa lo emprende con las reglas de Junts asumidas. Los últimos órdagos de Carles Puigdemont que los socialistas no terminaban de tomarse en serio acabaron en tragedia. Junts cumplió sus amenazas y votó en contra del decreto ómnibus del Gobierno que incorporaba la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. El descosido no se remendó hasta que el Gobierno no pronunció y puso en práctica las palabras que tantas veces habían repetido los posconvergentes: hay que ir "partido a partido" y "sudar la camiseta".
Cinco carpetas, cinco obstáculos
El Gobierno, que hasta ese momento se había negado a permitir el debate sobre una cuestión de confianza, cedió ante el plante de Junts. Así, la Mesa del Congreso tramitará la iniciativa esta semana, lo que para los independentistas se traduce en una victoria en el pulso que mantienen con Sánchez. Pero este asunto no se queda ahí, ya que si el Gobierno insistía en esquivar este debate —aunque no entraña consecuencias fulminantes para Sánchez— era porque sí puede debilitar al Gobierno si no vuelve a reunir la mayoría que logró en su investidura. La necesidad de Moncloa de evitar esta situación puede ser utilizada por Junts y el resto de socios como señuelo para pedir nuevas cesiones.
Otra carpeta es el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña. No es nueva dentro de las negociaciones entre ambos partidos. Fue en enero de 2024 cuando el Gobierno pactó esta transferencia a cambio de que Junts permitiese la aprobación de tres decretos. En dicho acuerdo, los posconvergentes planteaban la "delegación" de estas competencias a la Generalitat mediante una ley orgánica, la vía que plantea el artículo 150.2 de la Constitución, sin embargo, el artículo 149.1.2 de la Carta Magna dice que "la inmigración es competencia exclusiva" del Estado.
Y aunque ambas partes aseguran que las negociaciones están "bastante avanzadas", persiste ese escollo: Junts pide la delegación "integral", pero Moncloa insiste en que algunas de las competencias son "exclusivas" del Estado. En todo caso, de alcanzar un acuerdo, la delegación de competencias requeriría del beneplácito de la mayoría del Congreso si se hace a través de una ley orgánica y, en este momento, muchos de los socios del Gobierno desconfían de Junts en lo que respecta a la gestión migratoria. Por otra parte, la UE también podría poner impedimentos porque el derecho de asilo o el control de las fronteras son competencias que actualmente están en manos de los Estados miembros.
Otro asunto es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, un compromiso con Junts que se remonta al verano de 2023, puesto que fue uno de los acuerdos para la investidura de Sánchez. Sin embargo, el cumplimiento del mismo no solo depende del Gobierno, sino que requiere la unanimidad de los 27 y, hasta el momento, persisten las reticencias de algunos países.
En todo caso, cuando Puigdemont lanzó el órdago sobre el debate de la cuestión de confianza, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se puso manos a la obra para acelerar los contactos en la UE como gesto hacia sus socios de Junts. En concreto, el ministro se reunió con su homólogo polaco para tratar el asunto en el mes de diciembre, consciente de que la Presidencia de turno pasaría a Polonia a partir del 1 de enero.
Ambos acordaron avanzar en esta propuesta y, precisamente, la semana pasada Albares viajó a Varsovia donde aseguró que tenía el compromiso de este país para promover la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas. También está tratando de acelerar el asunto uno de los ministros que participa en las negociaciones con Junts, Félix Bolaños, que mantuvo reuniones en Polonia en los últimos días tras las que reiteró el compromiso del Gobierno con el fomento de las lenguas cooficiales en la UE.
Pero los esfuerzos de Moncloa no son suficientes ya que es imprescindible el apoyo de los 27 que, además de tener en cuenta sus asuntos internos, también valoran los gastos que generaría poner esta iniciativa en marcha. Al respecto, la Comisión Europea (CE) realizó un análisis preliminar en diciembre de 2023 y estimó que los gastos serían de 132 millones de euros.
Otro de los asuntos pendientes es la aprobación de la senda de déficit, el paso previo a los Presupuestos. Junts ya rechazó en dos ocasiones la propuesta del Ministerio de Hacienda. Desde el departamento de María Jesús Montero se abren ahora a dar más margen de gasto frente al 0,1% en el que se plantaban hasta el momento, aunque no ven con buenos ojos las cifras del 0,4 o 0,5% del PIB regional que piden los posconvergentes.
En todo caso, se prevé que la ministra de Hacienda presente una nueva senda de déficit en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ya ha convocado el próximo 26 de febrero, por lo que aún habría semanas de margen para llevar la cifra pactada con Junts para su posterior aprobación en las Cortes, lo que acercaría un poco más la aprobación de los Presupuestos.
La quinta carpeta tiene que ver más con la escenificación que buscan los de Puigdemont. En el mes de diciembre, el presidente del Gobierno se abrió a mantener una reunión con el líder de Junts fuera de España, una exigencia del partido al considerarla la "amnistía política" al expresidente huido de la Justicia. Sin embargo, tanto los posconvergentes como el Gobierno le restaron importancia a esta cuestión en las últimas semanas. "No es lo esencial", señaló en los últimos días Bolaños, que puso más acento en los acuerdos que en las "escenificaciones".
En cualquier caso, el compromiso sigue ahí y fuentes de Moncloa se abren a ello, aunque puntualizan que esa fotografía tiene que servir para escenificar un acuerdo político, es decir, tiene que ir acompañada de una "rúbrica de algo". Por su parte, los independentistas verían restituida la figura de Puigdemont como interlocutor válido con el Estado, lo que no deja de ser reseñable al tener una orden de detención si pisa suelo español.
