El pasado 12 de agosto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se reunieron en Madrid para hablar de inmigración e intentar encontrar una solución a la llegada de menores no acompañados a las islas. El presidente canario llevó una propuesta para que las comunidades sigan haciéndose cargo por sus propios medios de los menores hasta alcanzar el 100% de su capacidad de acogida y también hasta el 150% de capacidad, con ayuda del Gobierno central, que a partir de ese porcentaje se haría cargo de ellos con sus propios medios e instalaciones. La solución tuvo el visto bueno del PP, que este martes ha exigido al ministro que termine de hacer su parte y concrete las cifras necesarias para llevar adelante el pacto.
"El presidente Clavijo hizo una propuesta que fue vista como buena por el PP y lamentar que estamos esperando una simulación de daños por parte de Torres", ha explicado Tellado, que ha dado detalles sobre una reunión que en principio se acordó que sería "confidencial" pero de la que este lunes habló un portavoz socialista de Canarias. Poco después, también el Gobierno canario ha confirmado el encuentro del que salió un preacuerdo que debe concretar el Gobierno, en particular entre los ministerios de Hacienda y de Infancia.
Según ha explicado Tellado, Clavijo puso sobre la mesa una solución para la acogida de menores no acompañados que desde hace meses sobrepasan la capacidad de acogida de las islas que el portavoz del PP ha considerado que "supone un ejercicio de responsabilidad", "implica a todas las administraciones" y establece "una atención normalizada de los centro de menores correspondiente a las comunidades autónomas". Ha añadido además que es una solución que podría aplicarse a cualquier otra comunidad cuando se vea superada para atender a los menores.
Clavijo planteó que cuando los centros de acogida de una comunidad superen el 100%, y hasta el 150% de capacidad, las comunidades harán "un esfuerzo" para atender a los menores. "Cuando sea más del 150%, sería el Estado de forma directa con instalaciones propias y propios recursos quienes atiendan a los menores".
Al PP le pareció bien la idea y el ministro Torres se dispuso también a estudiarla. Fuentes del Ministerio de Política Territorial han afirmado este martes que la propuesta que se planteó en el encuentro de mitad de agosto "quedó a la espera de un informe técnico que debía aportar el Estado", que Tellado ha vuelto a exigir al ministro.
"Desde el 12 de agosto no tenemos noticias por parte de Torres, no se nos ha facilitado ninguna reunión para avanzar en este acuerdo", ha reprochado el portavoz popular, que ha insistido en que el compromiso alcanzado en agosto "es una buena solución para Canarias que pueden adoptar otras comunidades y por parte del Gobierno no hay ningún acuerdo ni avance".
Por su parte, el ministro se comprometió a elaborar un informe técnico sobre una solución que implica desembolso de fondos públicos, además de determinar si, en caso de superarse el 150% de la capacidad de acogida y hacerse cargo de la atención de los menores, el Gobierno debería hacerlo en el mismo territorio de llegada o en otras comunidades, lo que en una parte podría derivar en un reparto como el que rechaza el PP de manera sistematizada como planteó el Gobierno en una reforma de la Ley de Extranjería que no se llegó a votar en el Congreso por la falta de apoyos, y solo admitió en julio de manea extraordinaria.
En relación con la propuesta que salió de la reunión de agosto, fuentes del Ministerio de Torres han apuntado que no se trata de "un problema competencial, porque si fuera una cuestión competencia, con los niños migrantes sucedería lo mismo que con los migrantes adultos, que e lo que hace el Estado cuando los traslada a las distintas comunidades. Las competencias están perfectamente claras".
El Gobierno insiste ordenar el reparto
La reacción tanto del Gobierno como del PSOE a la revelación de la reunión 'secreta' del 12 de agosto y la propuesta que se estudió en ella, ha sido insistir en la frustrada reforma de la ley de extranjería. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado desde Moncloa que daba una “respuesta rápida” a la situación y ha recordado que no salió adelante por el voto en contra del PP, que cogobierna en Canarias y gobierna en Ceuta. “Menos discursos incendiarios y más altura de miras. Porque estamos hablando de más de 6.000 niños que necesitan atención, cuidado y educación”, ha reivindicado Alegría en un mensaje dirigido a los ‘populares’, a quienes ha exigido también “más responsabilidad y solidaridad” con este asunto.
A la espera de que el Gobierno facilite las cifras y detalles de cómo podría llevarse a cabo esta solución sobre la que habló en agosto con el PP y el Gobierno de Canarias -de Coalición Canaria y populares-, también el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha insistido en que la manera de gestionar estos flujos de llegadas estaba en el reparto de migrantes por comunidades que figuraba en la reforma de la Ley de Extranjería que el PP rechazó entre otros grupos, como Vox, Junts y CC. "El PP tuvo la oportunidad de ejercer la solidaridad respaldando lo que había traído el Gobierno, con lo que estaba de acuerdo el Gobierno canario y votó en contra y asumió el discurso de la extrema derecha".
López ha hecho estas declaraciones tras la primera Junta de Portavoces del Congreso tras el parón de verano y antes de empezar un nuevo periodo de sesiones en el que previsiblemente también estará presente otra cuestión vinculada con la migración, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Cáritas para regularizar a medio millón de inmigrantes que ya están en España.
Regularización varada en el Congreso
Tras la toma en consideración por la Cámara y el rechazo a la enmienda a la totalidad que planteó Vox, los grupos acordaron tramitarla pero para eso falta todavía que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dé el visto bueno para que empiece la ponencia en la comisión parlamentaria correspondiente para convertirse en ley y hacerse efectiva.
De este trámite todavía no se sabe nada este martes. Mientras el PSOE considera que es atribución de Armengol, su socio de Sumar acusa a los socialistas de postergar una tramitación que consideran "justa" y en la que ven incluso esperanza de poder ver la luz, después de que este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalara que ya tiene una enmienda preparada, dando así a entender que su grupo está dispuesto negociar una nueva regularización de inmigrantes.
"Instamos al PSOE para la regularización de más de medio millón de personas migrantes como plantea la ILP, como respuesta al discurso racista e hipócrita de estos días mantienen las derechas", ha declarado Gerardo Pisarello, portavoz en el Congreso de Sumar, el socio pequeño de la coalición de Gobierno, que ha defendido la regularización frente a la "migración circular", de ida y vuelta por temporadas que defendió la semana pasada el presidente, Pedro Sánchez, en una gira por países africanos para tratar sobre cuestiones migratorias.
También Podemos ha reclamado más pasos hacia la regularización. "Vamos a exigir una vez más que se apruebe la regulación de medio millón de personas que están contribuyendo a la sociedad. Son los derechos laborales y de ciudadanía los que evitan la marginalidad y posibilitan la convivencia", ha dicho su diputado Javier Sánchez Serna.
