Las personas jubiladas son uno de los colectivos que mejor ha logrado capear la crisis inflacionaria de los últimos años. La revalorización de todas las pensiones blindada en forma de ley por el Gobierno les ha permitido conservar intacto su poder adquisitivo. Además, la llegada a la edad de retiro de trabajadores con mejores carreras ha elevado considerablemente la pensión media en los últimos años. Un ritmo que los salarios no parece que hayan sido capaces de seguir.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, la cuantía media de la jubilación ha crecido en un 33%, espoleada por esas dos tendencias de fondo. De una pensión media de 1.107 euros al mes (en doce pagas más dos extras) se ha pasado a una de 1.450 euros. Sin embargo, en ese mismo periodo la base media de cotización —que refleja de forma aproximada cómo han evolucionado los salarios— ha aumentado considerablemente menos. En concreto, lo ha hecho un 25%, desde 1.748 euros al mes de 2018 hasta 2.181 en junio del año pasado, cuando se publicó el último dato. Si se toma como referencia la estadística de coste salarial que publica el INE, la brecha se amplía hasta los doce puntos porcentuales.
Este desfase entre pensiones y cotizaciones explica por qué pese a que la recaudación de la Seguridad Social crece a fuerte ritmo, el déficit entre lo que se ingresa por cotizaciones y se gasta en prestaciones se ha seguido ensanchando. La Seguridad Social cerró 2023 con un déficit contributivo de más de 50.000 millones, según cálculos de Fedea.
Parte de esta brecha en las cuentas de la Seguridad Social se debe a otros gastos que el ente público ha tenido que asumir que no se financian con cotizaciones sociales. Pero, el grueso de ese déficit se explica porque hace años que la recaudación por este concepto no da para pagar la nómina de las pensiones contributivas, una tendencia que se ha acentuado desde que empezó a funcionar la revalorización con el IPC en 2022.
El gasto crece 4 veces más rápido que los pensionistas
Si descomponemos los factores que hay detrás del aumento de la pensión media de jubilación, se observa un dato muy llamativo. Mientras que el número de pensionistas ha aumentado en un 9,2% desde 2018 (se han sumado unos 500.000 jubilados más al sistema), la nómina mensual de las pensiones lo ha hecho en un 43%. Un ritmo más de cuatro veces mayor.
Detrás de estas cifras hay varios factores en juego. Más allá de que el número de jubilados haya aumentado en los últimos años, los trabajadores que se retiran lo hacen cada vez con pensiones más altas porque han tenido carreras laborales más largas y mejor retribuidas que sus antecesores. El pasado noviembre, la pensión de los nuevos jubilados que accedieron al sistema fue de 1.548 euros al mes, un 16% más elevada que la de quienes se retiraron ese mismo mes de 2018.
Además, hay que tener en cuenta que las subidas conforme al IPC han supuesto un aumento notable del gasto. De los 2.853 millones al mes en que ha incrementado el gasto en pensiones de jubilación en los últimos seis años, uno de cada tres euros se deben al pago de las revalorizaciones. El resto se explica por los dos factores mencionados anteriormente y por la revalorización de los complementos, que tiene un efecto presupuestario mucho menor.
El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos que le esperan a la economía española en los próximos años y a casi todos los países occidentales ricos. En España la jubilación masiva de la generación del baby boom, la más numerosa demográficamente del país, es inminente y se prolongará durante décadas. Los costes del sistema seguirán creciendo progresivamente a medida que la fuerza laboral que los sostiene con sus cotizaciones disminuye por el efecto del envejecimiento.
El enfoque que ha decidido adoptar el Gobierno para afrontar este problema es cargar el coste en el lado de los salarios para blindar las pensiones y evitar recortes en la nómina. La reforma que diseñó José Luis Escrivá —ahora gobernador del Banco de España— cuando era ministro de Seguridad Social subió las cotizaciones sociales, especialmente a los salarios más altos, e introdujo una serie de incentivos para tratar de que los trabajadores retrasen voluntariamente su retiro.
Sin embargo, no está nada claro que con eso vaya a ser suficiente. La Airef auditará la reforma este año y deberá definir si es necesario adoptar nuevas medidas financieras para cuadrar las cuentas. Todo apunta a que el resultado de la revisión exigirá adoptar nuevas políticas, ya sea por el lado del gasto o del ingreso. Si no hay acuerdo, las cotizaciones sociales aumentarán automáticamente, lo que encarecerá los costes laborales.