La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes su recurso contra la ley de Amnistía en el Tribunal Constitucional (TC). Así lo ha anunciado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que a la vez han registrado la recusación de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez por su "pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE", lo que consideran que les inhabilita para debatir sobre el encaje de ley en la Constitución, según ha considerado la jefa del Ejecutivo.
Es una ley "escrita al dictado" de los independentistas, ha señalado Díaz Ayuso sobre la norma durante el desayuno informativo que ha protagonizado este lunes en la capital. "Es obscenamente inconstitucional (...) una reforma encubierta" de la Carta Magna, ha insistido. La Comunidad aprobó la presentación de este recurso de inconstitucionalidad el pasado junio, un día después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y lo ha registrado apenas 48 antes de que expire el plazo legal para poder hacerlo (tres meses).
El PP ya presentó la semana pasada su propio recurso y el resto de gobiernos autonómicos presididos por los 'populares' lo irán haciendo en las próximas horas. "No podemos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia", ha proclamado Díaz Ayuso, que además de poner el foco sobre el contenido de la ley, ha afirmado que en su tramitación "también se han incumplido preceptos" legales.
"Se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española… esto ni en las dictaduras", ha abundado la jefa de Gobierno madrileño.
Según ha trasladado el Gobierno regional, la argumentación del recurso denuncia que la ley de Amnistía afecta "a los pilares básicos" sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho "no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales".
"La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución", se ha agregado.
De la ley de Amnistía, además, dicen desde la región que "supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el legislativo invade las funciones del judicial", que es el "único" que tiene constitucionalmente atribuida "la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".
En última instancia se traslada al TC que la ley de Amnistía "ha sido aprobada sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso".
