Junts abre la puerta a votar contra la quita de deuda: "Condonará más a Andalucía que a Cataluña; que no nos den gato por liebre"

Nueva brecha entre las fuerzas independentistas en Cataluña. Junts ha criticado este martes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana para condonar parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La portavoz del partido en el Parlament, Mònica Sales, ha tildado el 'pacto' de ser una tomadura de pelo: "Que no nos quieran dar gato por liebre porque este pacto consolida el café para todos". En este sentido, ha arremetido contra el hecho de que el Estado "condonará más deuda a Andalucía que a Cataluña", y que, en términos porcentuales, Andalucía y Madrid pasan "por delante" de la Generalitat.

Este lunes, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, anunció un pacto con el Ejecutivo central que supondrá la condonación de 17.104 millones de la deuda contraída por la Generalitat con el FLA, un mecanismo que Hacienda ha propuesto aplicar a todas las comunidades de régimen común, hasta un montante total de 83.200 millones de euros. Esto, también despertó las críticas desde la oposición a Pedro Sánchez, ya que desde el PP calificaron la medida de ser "una trampa injusta" y de que el Gobierno había caído ante "las presiones del independentismo".

A diferencia de los populares, el partido liderado por Carles Puigdemont considera que "todas las comunidades se beneficiarán de ello, por lo que parte proporcional que tendremos que pagar los catalanes, que deberá asumir, será la misma". "Este dinero es de los catalanes, por lo que no tenemos que dar las gracias a nadie", ha sostenido la portavoz juntaire en una rueda de prensa en la Cámara catalana. El acuerdo, según Sales, supondrá 200 millones de euros anuales en términos de intereses, y esto "no arregla el agravio de financiación y profundiza en el déficit fiscal, que es de 22.000 millones de euros".

Sin aclarar la posición que tendrá Junts en el Congreso de los Diputados -se votará en la Cámara baja tras pasar por el Consejo de Política Fiscal de este miércoles-, ha defendido que la propuesta de su partido pasa por la condonación total de la deuda del FLA, lo que supone 73.000 millones. Sobre los acuerdos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, ha defendido que se han cerrado cuestiones que Junts pone sobre la mesa "desde hace tiempo" en materia de seguridad y multirreincidencia, como la de incrementar el número de jueces y Mossos d'Esquadra en Cataluña.

Esta postura del partido independentista llega después de que este lunes dieran aire a Pedro Sánchez. El secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que acordaron por unanimidad retirar la proposición no de ley registrada en el Congreso sobre la conveniencia de que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Así lo decidieron con el objetivo de "hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura", y a pesar de que "la confianza no existe" y está "deteriorada". Desde la Generalitat han celebrado la decisión porque consideran que "es bueno que las fuerzas políticas den continuidad a proyectos y gobiernos que son beneficiosos para Cataluña y España.

Junts discrepa tras ya rechazar la empresa mixta

Las desavenencias entre Junts y ERC no son nuevas. Después de las renovaciones de las cúpulas de los dos partidos, el encuentro entre Puigdemont y Junqueras en Waterloo (Bélgica) abría la puerta a nuevos entendimientos. Además del desacuerdo en como se ha acordado la condonación de la deuda del FLA, los juntaires chocaron con el anuncio de los republicanos junto al Govern de la creación de una empresa mixta -con el Estado- para gestionar Rodalies. Desde Junts defendieron un traspaso "integral" frente a uno "fake".

ERC ha respondido rápido a la posible postura de los de Puigdemont frente a la votación de la quita de la deuda en el Congreso. La portavoz republicana, Ester Capella, ha asegurado que el acuerdo con el gobierno español es "una buena noticia" porque "revierte parte de la infrafinanciación". Ha argumentado que "es bueno" para las arcas del Govern disponer de 1.000 millones de euros más cada año para destinar, por ejemplo, a políticas de vivienda.

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