El juez ha suspendido la citación de los 17 estudiantes mexicanos a los que la compañía de Nacho Cano contrató de forma presuntamente irregular, ante la imposibilidad de citar a una de las investigadas en la causa, la directora de operaciones de Malinche, Roxana Drexel. Según ha informado EFE, el instructor que sustituye a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dictado una providencia en la que dicta la suspensión de las comparecencias que había acordado de forma urgente.
La urgencia que llevó a Antonio Serrano-Arnal a citar a estos 17 becarios este jueves se debe a que el 1 de septiembre partirán de vuelta a México. La intención del instructor era convertir sus declaraciones en una prueba preconstituida para poder utilizarlas en el futuro si se abre un juicio oral contra el actor y el resto de investigados.
El juez dirige la instrucción mientras la magistrada Inmaculada Iglesias está de vacaciones. Fue ella quien inició las pesquisas contra Nacho Cano y otras tres personas por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los derechos de los trabajadores. La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Lesly Guadalupe, una bailarina mexicana a la que seleccionaron en un casting para participar en la compañía La Malinche.
En el auto de apertura de diligencias, la instructora Inmaculada Iglesias indicaba que los investigados en la causa habían facilitado la entrada de estos jóvenes como turistas, de forma que a partir de los 90 días de estancia permanecieron en España en situación irregular. Una de las investigadas dio instrucciones para que los becarios no ofrecieran ningún tipo de información corporativa de Malinche y ocultaran su intención de quedarse en el país.
Su llegada se produjo entre el 2 y el 10 de diciembre de 2023 y a partir de entonces comenzaron a trabajar para el musical de Nacho Cano a cambio de una retribución menor a la que establece el convenio sectorial. . "Los investigados, a través de la compañía Malinche The Musical Spain S.L, se estarían lucrando de la actividad laboral de sus seleccionados, quienes tras un breve periodo de aprendizaje de canciones y coreografías, pasarían a trabajar en el musical", detalla el escrito.
En definitiva, los estudiantes estaban percibiendo una retribución "por debajo de convenio" y, según añade el auto, se vieron obligados a recurrir a familiares y a ahorros personales para "subsistir". Según revelaba la denuncia de la bailarina, el salario que ofrecía la compañía era de 300 euros mensuales y las jornadas laborales llegaban a durar 11 horas diarias, de lunes a sábado. En caso de que los estudiantes quisieran ganar más dinero, debían de trabajar poniendo copas en el bar Canalla, situado a la salida de la función de Malinche.
