El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha concluido que es "evidente" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles", en referencia a los mensajes de Whatsapp y la cuenta de correo electrónico que borró el día en el que fue imputado por supuesta revelación de secretos.
El magistrado admite, no obstante, que este hecho "carece de relevancia penal", pero señala igualmente que el borrado de mensajes tiene "incidencia" en la instrucción abierta contra el jefe del Ministerio Público, al que se investiga por la filtración de los correos que se intercambió la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía.
"Carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que así sea tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal", explica Hurtado en un auto en el que atiende en parte la petición de García Ortiz y restringe el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la UCO.
El juez recuerda que el fiscal general "ha dado distintas explicaciones para hacerlo", y le reprocha que "de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024", cuando se supo que el Supremo le iba a investigar por revelación de secretos.
El primer paso que dio Hurtado para tratar de dilucidar quién filtró los correos confidenciales intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador fue ordenar el registro de los despachos de dos investigados: García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil volcó los dispositivos electrónicos de ambos imputados para analizar su contenido, con resultados dispares.
Los mensajes hallados en el móvil de Rodríguez revelan la cadena de comunicaciones que se produjo en el seno de la Fiscalía el día de la filtración. Tras filtrarse un primer mail en El Mundo, Álvaro García Ortiz reclamó de inmediato la cadena completa de mensajes entre Salto y el letrado de González Amador. Aquel primer correo filtrado daba a entender que Salto había ofrecido un pacto de conformidad para librar al novio de Ayuso de una eventual pena de prisión por el presunto fraude de más de 350.000 euros.
Una vez los correos electrónicos al completo llegaron a manos de García Ortiz, se filtró el contenido de un mail previo en el que el abogado proponía el acuerdo y admitía que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal. De todos modos, el análisis del teléfono de García Ortiz no sirvió para corroborar o descartar que el fiscal general esté tras la filtración de este último correo electrónico, dado que la UCO encontró "cero" mensajes en el dispositivo.
El hecho es que el fiscal general del Estado borró todos sus mensajes de WhatsApp y también eliminó su cuenta personal de Google el día que lo imputaron. Según dijo el propio García Ortiz la semana pasada en el Senado, tiene por costumbre eliminar periódicamente sus mensajes, por varios motivos. Por un lado, por su "derecho a mantener la intimidad", pero también para cumplir con "las previsiones legales para proteger los datos".
Sin embargo, por mucho que García Ortiz asegure que el borrado de su teléfono buscó proteger información confidencial y cumplir con los protocolos de la Fiscalía, el instructor Ángel Hurtado ha señalado por primera vez que el fiscal general buscaba hacer "desaparecer" pruebas que lo puedan inculpar en la causa.
Habrá más información...
