El conflicto abierto entre la gran patronal CEOE y la sectorial de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) sigue ganando decibelios. La decisión del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, de presentar una candidatura que rivalice con la de Gerardo Cuerva, actual presidente de Cepyme, en las elecciones que celebrará este año la organización ha abierto una grieta en el seno del empresariado español.
El último capítulo en las tensiones internas se vivió el martes, tras una tensa reunión de la junta directiva de Cepyme marcada por las acusaciones de presiones económicas y coacciones desde CEOE a miembros de la asamblea de la patronal de las pymes para que voten por el candidato de Garamendi. Fuentes de Cepyme sostienen que varias organizaciones han denunciado presiones y coacciones por parte de CEOE para condicionar su voto en los comicios, que todavía no tienen fecha.
Hablan de llamadas y amenazas de carácter económico como, por ejemplo, relacionadas con el patrimonio sindical (los inmuebles que están en manos de la patronal son propiedad de CEOE, que es quien cede autorización de uso a otras organizaciones integradas en ella). La exigencia, siempre según fuentes de Cepyme, es que deleguen su voto como miembros de la asamblea general —el órgano supremo de gobierno y decisión— en las elecciones a una organización favorable a la candidatura que impulse CEOE.
Las citadas fuentes interpretan este movimiento como un atentado contra los principios de voto libre y secreto que se reflejan en los estatutos de Cepyme. El reglamento de la organización que dirige Cuerva no establece limitación en el voto delegado, a diferencia de lo que ocurre con CEOE o ATA, la patronal de los autónomos. Para evitar las delegaciones masivas en el sufragio que puedan perjudicarle, el presidente de Cepyme impulsó el lunes un cambio en el reglamento interno de la patronal que dirige para vetar esta modalidad de voto en la asamblea general.
La iniciativa salió adelante por un escaso margen en una tensísima y caótica votación de la junta directiva de Cepyme. Sin embargo, el cambio reglamentario no recibió el visto bueno del comité ejecutivo, lo que ha arrojado dudas sobre su legalidad, dado que este segundo órgano es quien debe impulsar los cambios en el reglamento. Esto abre la posibilidad a una impugnación del proceso que en la presidencia de Cepyme entienden que no tiene base. Sostienen que Cuerva solo consultó al comité sobre el contenido de la propuesta, no sobre si someterla a votación o no, algo a lo que, agregan estas fuentes, nadie se opuso.
La limitación o no en los votos delegados cuando se produzcan los comicios será un elemento clave en el proceso. El cambio reglamentario todavía tiene que ser refrendado por la asamblea general, si es que no resulta impugnado antes. En todo caso, las fuentes mencionadas antes descartan judicializar el asunto y asumen que las elecciones podrían celebrarse con el sistema antiguo.
Convocatoria antes del 16 de marzo
La intención de la presidencia de Cepyme es convocar las elecciones antes de que expire el mandato de Cuerva, es decir, antes del próximo 16 de marzo. Una vez formalizada la convocatoria, estiman que los comicios se celebrarían unos 50 días después, lo que sitúa la fecha máxima del proceso a comienzos de mayo o finales de abril.
Las organizaciones tienen margen para presentar candidatos hasta diez días antes de la votación. Por el momento solo se sabe que Gerardo Cuerva optará a la reelección en la presidencia y que Garamendi está impulsando una candidatura alternativa de la que todavía no han trascendido nombres.
Las relaciones entre los dos líderes empresariales atraviesa sus momentos más bajos. En CEOE no ha gustado que Cepyme haya marcado perfil propio en diferentes asuntos en estos últimos años. El rechazo a la reforma laboral pactada a tres bandas entre Gobierno, sindicatos y CEOE hasta sus duras críticas al Ejecutivo por la reducción de jornada, han alejado a los dos empresarios.
