El Gobierno ha vuelto a bloquear este miércoles la posibilidad de que se vote en el Congreso el informe de la ponencia de la ley para el nuevo régimen de comercio de emisiones que incluye la eliminación del impuesto a la generación eléctrica que pactaron en diciembre el PP y Junts y que terminó incluido en el texto gracias también al apoyo de Vox, ERC y PNV. La mayoría socialista de la mesa de la comisión de Transición Ecológica que tramita esta ley se ha impuesto a la petición del PP de retomar esta cuestión la semana que viene.
Finalmente, la reunión de la Mesa de esta comisión parlamentaria ha acordado que en su reunión prevista para la semana que viene solo se tratarán proposiciones no de ley, pero de momento no se retomará el informe de la ponencia de la ley que regulará el nuevo régimen de comercio de emisiones, donde PP y Junts lograron incluir una enmienda para suspender la aplicación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que grava a las compañías eléctricas con un tipo del 7% y que, en su repercusión sobre la factura de los hogares y negocios, el PP calcula que podría ahorrarles en torno al os 400 millones. Este impuesto estuvo minorado al 0% entre 2021 hasta 2023 como una de las medidas para hacer frente a la subida de la inflación por la guerra de Ucrania y la enmienda del PP y Junts contempla la petición del sector eléctrico que vuelva a desaparecer de manera indefinida, aunque siempre que no haya déficit de tarifa.
Un día después de la -de nuevo caótica- votación en la comisión parlamentaria que incluyó las dos enmiendas en el informe definitivo de la ponencia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, manifestó su oposición a eliminar este impuesto, asegurando que subiría la factura eléctrica.
Asimismo, en diciembre PP y Junts pactaron en el último momento y por sorpresa introducir en el informe de la ponencia otra enmienda para 'salvar' a más de un centenar de plantas de industria de cogeneración -metalúrgicas, papeleras, agroalimentarias, petroquímicas o textiles- del cierre o la deslocalización a otros países, que contempla prorrogar su régimen retributivo, ya caducado, hasta que el Ministerio de Transición Ecológica no celebre la subasta comprometida por 1.200 MW de electricidad generada en sus procesos térmicos, que lleva ya tres años de retraso. La semana pasada, el Ministerio para la Transición Ecológica dio el primer paso para celebrar esta subastas que la industria electrointensiva lleva esperando dos años con la apertura de una consulta previa pero sin contemplar la prórroga que impulsan PP y Junts, que el Gobierno advierte de que va en contra de la normativa europea de ayudas de Estado.
La oposición del Gobierno a estas dos medidas está clara pero, una vez incluidas en el informe de la ponencia de la ley en tramitación con el voto favorable de PP, Vox, Junts, ERC y PNV tiene pocas posibilidades de evitar que se incluya en una norma que debe aprobarse, entre otras cuestiones, porque es la trasposición de una directiva europea. Aunque en su momento, en diciembre, el PSOE llegó a contemplar buscar una improbable mayoría alternativa en contra de las enmiendas -que debería contar con el voto de partidos que las apoyaron hace dos meses-, de momento la estrategia es seguir aplazando la votación del informe de la ponencia en comisión parlamentaria, antes de pasar al Pleno del Congreso para la aprobación definitiva de la ley del nuevo régimen de comercio de emisiones de CO2 y, entre su articulado, de la eliminación del impuesto de generación eléctrica y la concesión de una prórroga para la industria electrointensiva ya sin retribución.
Esto es lo precisamente ha sucedido este miércoles en la reunión de la Mesa de la comisión de Transición Ecológica. Allí hay tres diputados del PSOE y dos del PP y han celebrado una votación que ha hecho descarrilar la petición de los populares para tratar retomar esta votación la semana que viene y fuentes fuentes parlamentarias afirman que no hay fecha para ello.
