El Gobierno regularizará la situación de las personas migrantes que se vieron afectadas por el paso de la DANA por Valencia en octubre de 2024, que se saldó con más de 220 fallecidos. Se trata de una medida extraordinaria que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevaba un tiempo estudiando y que se aprobará este martes en Consejo de Ministros para beneficiar a en torno a 25.000 inmigrantes sin papeles.
Según ha avanzado EL PAÍS, y han confirmado a 20minutos fuentes gubernamentales, la regularización se llevará a cabo a través de autorizaciones de residencia "por circunstancias excepcionales sobrevenidas". Podrán solicitarla aquellos extranjeros que estuvieran empadronados —o tuvieran cita para hacerlo— en alguno de los más de 80 municipios arrasados por la gota fría antes del 4 de noviembre. Un permiso al que también podrán optar los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con algún tipo de discapacidad. También podrán acogerse a una autorización con una vigencia de cinco años los familiares de extranjeros de las víctimas mortales de la DANA.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende garantizar la protección de aquellos migrantes que, por su situación administrativa irregular, se quedarían sin acceso a las distintas ayudas que se han ido aprobando para los perjudicados por la catástrofe.
También se prevé aprobar prórrogas automáticas de los permisos de residencia y trabajo que estaban a punto de vencer o ya habían vencido y que, por el paso de la DANA, no se pudieron revalidar. Una decisión que han celebrado ya varias entidades sociales, como Oxfam Intermón, que en un comunicado valora "positivamente" la medida del Ejecutivo que, asegura, "dará una mayor protección a todas esas personas migradas que han visto sus vidas rotas por esta catástrofe y que ya no tenían mecanismos para renovar sus permisos".
No obstante, la organización muestra su "preocupación" por el hecho de que solo puedan pedir esta regularización aquellas personas que demuestren que estaban empadronadas o con cita previa confirmada antes de la DANA, ya que, señalan, "existe un problema grave con el empadronamiento en muchos municipios", causado por las "barreras administrativas" que se encuentran muchos migrantes en ese proceso. "Es necesario flexibilizar ese requisito administrativo para que no sea la única forma de demostrar que residían o trabajaban allí y que han sido afectadas", reivindica Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de la ONG.
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