El Gobierno ha encontrado en las bonificaciones fiscales una vía para tratar de incentivar a los propietarios a bajar los alquileres y, al mismo tiempo, esquivar la negativa de las comunidades del PP a poner en marcha las zonas tensionadas. Y es que el ansiado despliegue por parte del Ejecutivo de la ley de vivienda se ha topado con el obstáculo de los Gobiernos autonómicos, un escollo que ahora Moncloa pretende saltar extendiendo a toda España bonificaciones fiscales similares a las previstas en la norma estatal para las áreas declaradas como zonas tensionadas, buscando así estabilizar los precios y, en última instancia, animar a los propietarios a poner más vivienda en el mercado del alquiler.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una batería de doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda. El paquete incluye bonificaciones en el IRPF de hasta el 100% para aquellos propietarios que alquilen su vivienda a los precios marcados por el índice de referencia que el Ministerio de Vivienda lanzó a principios del año pasado. Fuentes del Gobierno reconocen que el diseño de estos incentivos fiscales está todavía por cerrar, ya que se desconoce tanto cuál será su cuantía concreta como los requisitos para poder acogerse a ellos.
No obstante, desde Moncloa apuntan a que la aplicación del índice estatal de referencia de precios del alquiler es un buen punto de partida para el diseño de las bonificaciones fiscales anunciadas por Sánchez. Este instrumento, desarrollado al amparo de la ley de vivienda, ofrece una horquilla de precios para cada piso en función de la zona en la que se ubique y de cuáles sean sus características.
En la mayor parte del país este indicador es meramente informativo, permitiendo a los inquilinos simplemente detectar si están pagando un precio abusivo. Sin embargo, en las localidades declaradas como zonas tensionadas este índice sirve para limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler de viviendas en manos de grandes tenedores, sin que pueda excederse la horquilla marcada por el ministerio -calculada a partir de lo que los vecinos pagan en la zona, según los datos fiscales de los contribuyentes-.
A la espera de conocer la configuración concreta de estas bonificaciones fiscales, desde el Gobierno ponen como ejemplo los incentivos previstos en la ley de vivienda para las zonas tensionadas. En los municipios reconocidos como tal los caseros pueden beneficiarse de una bonificación del 60% en el IRPF en caso de haber realizado en los últimos dos años obras de rehabilitación o mejoran el piso que alquilen, del 70% si arrendan por primera vez un inmueble vacío, si lo alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años o si ceden su gestión a la administración y del 90% si rebajan al menos un 5% el precio del alquiler con respecto al último contrato.
La puesta en marcha de incentivos de este tipo para toda España supondría en la práctica ofrecer ventajas fiscales similares a las previstas para las zonas tensionadas sin necesidad de que un municipio esté reconocido como tal. De este modo, se podrían desplegar los mecanismos de la ley de vivienda -o al menos medidas inspiradas en ellos- a lo largo y ancho del territorio nacional eludiendo la declaración de zonas tensionadas, un paso que corresponde iniciar a las comunidades autónomas y que las regiones del PP se niegan a dar al no considerarlo una solución para atajar el problema de la vivienda. En su lugar, el partido de Feijóo considera que el control de precios conduce a la reducción de la oferta de pisos para alquilar.
Por el momento solo en Cataluña funcionan plenamente las zonas tensionadas, aunque también País Vasco, Navarra y Asturias han iniciado los trámites para ponerlas en marcha. El Gobierno anima al resto de comunidades a que se sumen, convencidos de que este mecanismo trae ventajas tanto para inquilinos como para propietarios. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fuentes del Ejecutivo calculan que cada casero podría ahorrarse de media 5.600 euros si pudieran acogerse a la bonificación del 90% por rebajar un 5% el precio de los contratos y evidencian que el ahorro sería incluso mayor si las bonificaciones llegaran al 100%, tal y como ha planteado este lunes el presidente del Gobierno.
Desde Moncloa recalcan que el Gobierno es competente para configurar la política fiscal, aunque reconocen que los incentivos planteados requerirán modificar la ley del IRPF y, por tanto, tendrán que pasar por el Congreso de los Diputados. Las mismas fuentes se muestran optimistas para recabar los apoyos necesarios para sacar adelante esta iniciativa y recalcan su intención de iniciar cuanto antes la negociación con el resto de fuerzas políticas.
