La reforma de la ley mordaza que recuperó en octubre el Gobierno dio un paso más en el largo proceso de tramitación parlamentaria que debe servir, si nada se tuerce, para modificar después de diez años de promesas la polémica legislación del PP en materia de seguridad ciudadana. Este jueves, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad con las que PP y Vox pretendían derribar a las primeras de cambio la reforma. Y lo hizo con los votos de PSOE, Sumar y todos sus socios progresistas, nacionalistas e independentistas, incluido Junts, que en esta ocasión votó con el Gobierno pese a que su relación ha vuelto a tensarse en los últimos días.
No hubo fisuras en el bloque de la investidura para seguir tramitando la norma, que toma como base el texto que se trabajó durante más de un año la pasada legislatura y que cayó en la recta final de su tramitación por el desencuentro del Gobierno con ERC y EH Bildu en relación a la prohibición de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente de migrantes y la regulación de las faltas de respeto a la autoridad. El pasado octubre, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con los abertzale en relación a estas materias, al que posteriormente se sumaron los republicanos catalanes y también (aunque con algunos matices) el PNV.
Ahora, una vez superadas las enmiendas a la totalidad de PP y Vox (el instrumento parlamentario para intentar bloquear la tramitación de una ley), la iniciativa pasará a ser discutida en comisión. Allí, los grupos parlamentarios pueden introducir enmiendas, aunque lo cierto es que, con todo el trabajo que se adelantó la pasada legislatura y que se ha recuperado al presentar el nuevo texto, la tramitación puede ser mucho menos farragosa que en otras ocasiones. Pese a ello, lo previsible es que la aprobación final de la reforma tarde, al menos, unos cuantos meses más.
Buena parte de la negociación está ya hecha, puesto que el acuerdo que anunció en octubre EH Bildu con el Gobierno viene a solventar las diferencias que terminaron derribando la ley la pasada legislatura. Los abertzale han logrado que el PSOE se comprometa a retirar "gradualmente" las pelotas de goma del catálogo de material antidisturbios que utilizan las fuerzas de seguridad, algo que para los socialistas era una línea roja el año pasado. A cambio, no obstante, EH Bildu (y también ERC) aceptan un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que, incluso, el que los socialistas les ofrecían hace un año y medio.
Pese a todo, aún hay detalles que deberán definirse en las próximas semanas y meses. Ya hace mes y medio el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, insistió en que "la negociación continúa" abierta y afirmó que su formación se reserva su "derecho a presentar enmiendas", ya que "el principio de autoridad debe mantenerse y es fundamental para el orden público y el respeto a la policía". Las dudas de los nacionalistas vascos giran, fundamentalmente, en torno al acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu para suavizar los artículos referentes a la desobediencia y las faltas de respeto a los agentes de la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que se imponen en virtud a la ley mordaza.
Para el PNV, es necesario "un examen más detallado" del acuerdo en esos puntos. A los nacionalistas vascos, por ejemplo, no les convence que pase a ser falta leve —de 100 a 600 euros de multa— en lugar de grave —hasta 30.000 euros— la desobediencia, la manifiesta resistencia a la autoridad o la negativa a identificarse ante un agente de la ley. Y tampoco una de las mayores novedades contenidas en el acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu: que las sanciones por insultar a la policía en el ejercicio de sus funciones se retiren si el multado se retracta o se disculpa por sus palabras. "Suena raro, lo puedes hacer un día y al día siguiente también", afirmó Esteban.
El PP habla de "ley Otegi"
A favor de sus respectivas enmiendas a la totalidad tan solo votaron PP y Vox, que desarrollaron su posición en intervenciones durísimas que, en el caso de la formación ultraderechista, provocaron incluso la protesta de la bancada del PSOE, al que el diputado de Vox Javier Ortega Smith acusó de defender "una ideología criminal". La parlamentaria popular Ana Vázquez, por su parte, tachó la reforma de la ley de seguridad ciudadana de "ley Otegi", en referencia al líder de EH Bildu, "un condenado por terrorismo".
"Ustedes defienden a delincuentes y a los que quieren echar a la Policía y la Guardia Civil del País Vasco y Cataluña, y nosotros a españoles que quieren sentirse seguros", espetó Vázquez, pese a que la reforma legal no establece en ningún caso que las Fuerzas de Seguridad del Estado dejen de ejercer sus funciones en esas comunidades. La enmienda a la totalidad planteada por el PP defendía dejar la ley mordaza tal y como la aprobó en 2015 el Congreso con tan solo unos retoques para sancionar administrativamente los homenajes a etarras y también el endurecimiento de los castigos contra las okupaciones.
Por su parte, Ortega Smith, en una intervención exaltada, acusó al Gobierno de querer "amordazar a ciudadanos que quieren salir a la calle tranquilos, poder defender su propiedad contra la okupación o tener unas fronteras seguras". La enmienda a la totalidad de Vox apostaba por endurecer la actual ley mordaza, especialmente en materia de inmigración.
