La tensión en los centros sanitarios que dan cobertura a los funcionarios de Muface se agrava. Ante la incertidumbre en torno al futuro concierto y la prórroga forzosa hasta que se resuelva la licitación, las aseguradoras han decidido 'blindarse' con el bloqueo de la agenda médica, algo que redunda en que en algunos centros concretos es complicado conseguir una cita si vienes de Muface. Fuentes de Fedeca -asociación que representa a los altos funcionarios de la Administración Civil del Estado- trasladan a La Información la presión que sufren los mutualistas, con situaciones en las que no se están agendando citas.
La decisión se produce como respuesta a la inestabilidad que atraviesan las mutuas después de que la primera licitación quedase desierta. En este sentido, otras fuentes señalan que los casos más acusados se dan en DKV Seguros, que también presta atención sanitaria a los empleados públicos en el extranjero en régimen de monopolio, así como en SegurCaixa Adeslas. Mientras el primero no ha contestado a este medio, el segundo ha defendido que sus pacientes "reciben la atención sanitaria con normalidad".
La retirada del terreno de juego por parte de la aseguradora participada en un 50% por CaixaBank y Mutua Madrileña ha acentuado la presión, dado que se trata de la principal aseguradora con una cuota del 47%. En el último concierto le ha supuesto unas pérdidas de más de 256 millones, cifra que se duplicaría de continuar en el siguiente trienio. Junto a DKV Seguros (18%) acaparan dos terceras partes de los 1,5 millones de mutualistas, por lo que alrededor de un millón de personas pueden verse afectadas por los problemas con las citas.
El plazo para presentarse a la licitación expira el próximo 15 de enero con la sombra de si la citada DKV acudirá, así como Asisa, que analiza con lupa todos los escenarios posibles y la viabilidad de la calidad asistencial dada las condiciones del concierto en todos los supuestos. Los pliegos recogen una mejora de la oferta del 33,5% distribuida a lo largo de los siguientes tres ejercicios con una prima media de 1.262,28 euros frente a los 1.032,12 euros estipulados para 2022-2024. De este modo, el monto total se eleva en casi 1.000 millones, superando la barrera de los 4.100 millones.
La cantidad se encuentra por debajo de los 4.478 millones aprobados en Consejo de Ministros hace unas semanas, dado que se resta del contrato el coste de los tres primeros meses de 2025 ante la extensión por un máximo de tres meses el anterior concurso. El propio ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, confía en que las aseguradoras concurran a la renovación, que es un objetivo "prioritario" para el Gobierno.
De lograr esta meta, el sucesor de José Luis Escrivá al frente del Ministerio se ha mostrado partidario de reformar el sistema de mutuas, cuyo modelo fue impulsado hace cinco décadas. "Estamos hablando de un modelo muy antiguo que acumula ciertas imperfecciones, ciertas cosas que se pueden mejorar", ha manifestado en una de sus últimas intervenciones. Si bien no ha especificado cambios concretos, el ministro defiende que debe plantearse un sistema "transparente, equitativo y sostenible".
Precisamente, la viabilidad es uno de los 'puntos calientes' sobre los que gira el debate. La polémica se ha avivado a raíz de un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad titulado 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud' en el que avisan de que su desmantelamiento habrá que abordarlo "antes o después". Entre los principales riesgos menciona desequilibrios en la edad, dado que cada vez es menor la proporción de población joven que ayude a compensar los costes de los beneficiarios más mayores.
En base a ello, la licitación incorpora entre las novedades el paso de una prima lineal a una incremental, de tal manera que la tarifa de los colectivos de mayor edad sea mucho más elevada que la de los segmentos más jóvenes. Esto implica que los mutualistas mayores de 55 años pagarán más dentro de tres años, con incrementos que llegan a ser de hasta el 140%, mientras que en los grupos de edad que abarcan de los recién nacidos a los 54 años se reducirá entre un 20% y un 55%.