Ahora que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido el reto de nombrar presidenta, el órgano tiene por delante otras tareas más complicadas que se llevarán a cabo bajo el liderazgo de Isabel Perelló. Urge remediar la acumulación de vacantes en la cúpula judicial, generada por un bloqueo de cinco años en el órgano de gobierno de los jueces. Será imprescindible también devolver al Consejo la imagen de normalidad institucional que tan deteriorada se ha visto en este tiempo. Y, por último, el CGPJ debe idear en los próximos meses una reforma del modelo de elección de sus vocales.
Fuentes del Consejo reconocen que sólo pueden atajar estos retos a través del consenso. Los diez vocales del sector progresista se tendrán que poner de acuerdo con los diez que integran el ala conservadora. De momento, todos coinciden en alabar a su nueva presidenta, una "magistrada con criterio", "discreta" y "trabajadora".
Un centenar de nombramientos
El flamante Consejo del Poder Judicial tiene en sus manos la gran responsabilidad de realizar un centenar de nombramientos en la cúpula de la judicatura. Con la mayor urgencia, los vocales deben llegar a un consenso para nombrar a casi un tercio de los magistrados del Tribunal Supremo. El alto tribunal tiene vacantes la plaza del presidente de la Sala Primera y otros tres magistrados de la misma. La Sala Segunda cuenta con otro asiento vacío, y la Tercera tiene 12 vacantes contando con el presidente. En la Sala Cuarta, el Consejo debe nombrar seis nuevos magistrados, más otros tres de la Sala Quinta.
En la Audiencia Nacional, faltan por suplir las presidencias de la Sala de lo Penal y la de lo Social. Los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas suman 40 vacantes, entre ellas ocho presidencias. Otras 30 plazas vacías se acumulan en las audiencias provinciales del país. Además, también están pendientes de nombramiento 27 plazas de la Jurisdicción Militar.
El reto es cuantitativo, pero también cualitativo: el acuerdo que alcanzaron PSOE y PP para renovar el CGPJ añade nuevas exigencias a algunos nombramientos que son potestad del Pleno. Por un lado, la norma prevé "la creación de una Comisión de Calificación en el Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas".
Además, para nombrar a los presidentes de las audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, el Pleno deberá lograr una mayoría de 3/5 de sus vocales. Por último, la norma eleva de 15 a 20 años de experiencia necesaria para los candidatos a acceder al Tribunal Supremo.
Además de los nombramientos de la cúpula judicial, el CGPJ debe nombrar un vicepresidente (a propuesta de Isabel Perelló) y organizar las comisiones que forman parte del órgano.
La reforma del modelo de elección
¿Cómo deberían escogerse los vocales del CGPJ? El PSOE y el PP no han sido capaces de ponerse de acuerdo en este punto durante los más de cinco años de bloqueo del órgano. Así que, cuando alcanzaron un pacto para renovar el Consejo, acordaron también que los nuevos vocales elaborarían una propuesta para reformar el modelo de elección. El plazo indicado es de seis meses desde su toma de posesión, que tuvo lugar a finales de julio.
Concretamente, el Pleno del CGPJ debe elaborar un informe sobre "los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales".
La propuesta se enviará al Gobierno, al Congreso y al Senado para que "los titulares de la iniciativa legislativa" tramiten una norma basada en la misma. Afectará únicamente al nombramiento de los 12 vocales jueces del Consejo. La propia Constitución establece que los ocho restantes, juristas de reconocido prestigio, serán elegidos por el Congreso y el Senado a partes iguales. En un origen, los vocales jueces eran nombrados por votación de la carrera judicial, pero en 1985 el Gobierno de Felipe González impulsó una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para dejar al Consejo al completo en manos del Parlamento.
