El Congreso de los Diputados aprobó ayer por mayoría el decreto ómnibus propuesto por el Gobierno y con la mayor parte de las medidas sociales incluidas en el texto que fue rechazado hace dos semanas en la Cámara con los votos en contra del PP, Vox y Junts.
Un pacto entre el PSOE y Junts propició el cambio de postura de los independentistas, que esta vez han apoyado el decreto, ahora de 29 medidas frente a las más de 80 que incluía originalmente. El PP también ha votado a favor del nuevo decreto, argumentan, "por los pensionistas, los valencianos y los usuarios del transporte".
Entre las medidas que figuran en el decreto, ya en vigor desde su publicación en el BOE y ahora refrendadas por el Congreso, figuran los descuentos en el transporte público y la subida de las pensiones, foco de la polémica en el decreto fallido de hace dos semanas.
Subida de las pensiones
Como estaba previsto, las pensiones suben en un 2,8%, según lo establecido por la ley, con el objetivo de que el poder adquisitivo de los pensionistas no se vea afectado por la inflación. La revalorización al 2,8% supone un aumento de la pensión media de los 1.441 euros al mes en 2024 a los 1.481,35 euros mensuales en 2025 (unos 40 euros más al mes y casi 600 más al año).
También suben las pensiones mínimas en un 6%, y en el caso de las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, en un 9,1%. Respecto a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital, sus cuantías aumentan en un 9%.
Descuentos y bonificaciones al transporte público
Los descuentos en el transporte público, vigentes desde 2022, continúan en 2025, al menos hasta el 30 de junio. La idea es que cambien a partir de junio y en 2026 se cree un billete único para todo el transporte público.
Por el momento, se mantiene la gratuidad de los títulos de transporte en trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant, de titularidad estatal. También la bonificación al 50% en el transporte público urbano e interurbano, así como descuentos del 30% en los abonos 'multiviaje' (en muchos casos con bonificaciones adicionales por parte de las administraciones regionales y locales).
Suspensión de desahucios a los más vulnerables, bono social
El decreto prorroga la suspensión de los desahucios para familias "en situación de vulnerabilidad". También establece descuentos de hasta el 80% del precio de la luz a consumidores vulnerables, en concepto de bono social y prohíbe el corte de suministros básicos de agua, luz y electricidad a consumidores vulnerables.
Ayudas a Valencia por la DANA y a La Palma
El texto recupera del decreto ómnibus fallido varias ayudas para los afectados por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre: se decreta una ampliación de préstamos a los afectados por el temporal y más ayudas a empresarios, agricultores y ganaderos cuyas parcelas fueron afectadas por las inundaciones.
La norma también contempla nuevos límites para que el Gobierno de la Comunidad Valenciana pueda asumir, de forma excepcional, nuevas operaciones de deuda para asumir la reconstrucción de las localidades afectadas.
Junto a las ayudas por la DANA, el decreto incluye la prórroga de las ayudas dirigidas a la reconstrucción de la isla de La Palma por la erupción volcánica de 2021. Entre ellas se encuentran los ERTE a los que se han acogido algunas empresas que no han podido reanudar por completo su actividad desde la catástrofe, el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social o la prestación por cese de actividad para los autónomos.
Nuevo sistema público de avales para caseros e inquilinos
Según el nuevo texto, el Gobierno procederá a la creación de una línea pública de avales "para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda".
Los avales públicos cubrirán "los posibles impagos derivados de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente para jóvenes y familias vulnerables", garantizando el Estado el pago de las mensualidades impagadas "hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda".
La cesión del palacete de París al PNV
Aunque ya se había producido con la entrada en vigor del primer real decreto, la luz verde del Congreso consolida la cesión del palacete de la Avenida Marceau nº11 de París, hasta ahora propiedad del Estado y sede del Instituto Cervantes, al PNV.
La cesión del inmueble -sede del Instituto Cervantes en la capital francesa- era una vieja reivindicación histórica de los nacionalistas vascos. Se trata de un inmueble que, según los informes elaborados por el Gobierno, fue adquirido por el partido jeltzale y entregado por las autoridades alemanas al régimen franquista durante la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial.
Esta cesión fue uno de los focos de la polémica en el primer decreto, ya que el PP llegó a calificar de "chantaje" esta reivindicación del PNV para convalidar el texto.
